El proyecto de la Cámara 1529, presentado por el representante Jesús Santa Rodríguez, crearía la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces. (archivo)
El negocio de bienes raíces podría ser reestructurado de aprobarse unas enmiendas al estatuto que regula (Ley 10 de 1994) esta profesión y a los que la practican.
El Proyecto de la Cámara 1529, presentado por el representante Jesús Santa Rodríguez a petición de la “Puerto Rico Association of Realtors”, crearía la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, la cual tendría acceso a “fondos que les corresponden”, según reza la Exposición de Motivos de la pieza. Además, se reestructurarían los requisitos y metodologías de la educación profesional de esta carrera y se crearía la figura del Inspector de Bienes Raíces, el cual tendría el poder de investigar las violaciones en la industria, tales como operar sin licencia. Automatización de procesos, inventarios electrónicos actualizados y nuevos requisitos para obtener, renovar o reactivar las licencias son otras de las propuestas incluidas en el proyecto legislativo radicado a finales de octubre del año pasado, el cual aún no ha ido a vistas públicas. “He hablado con varios “realtors” que me han dicho lo importante que es esta nueva ley”, dijo el representante Connie Varela, de la Comisión de Gobierno, donde fue referida la pieza legislativa. Según Varela, se espera que las vistas públicas se desarrollen antes de que finalice la sesión legislativa. Sin embargo, ya hay sectores de la industria que se oponen al mismo. “No al Proyecto de la Cámara 1529” es un grupo compuesto por corredores de bienes raíces que se oponen al mismo. “Este proyecto ha sido peticionado por una entidad que solo representa el 5% de la fuerza trabajadora inmobiliaria en Puerto Rico. No han sido consultados otros entes de la industria, como la Asociación de Arrendadores o corredores certificados en designaciones comerciales (CCIM, por sus siglas en inglés)”, comentó Alfredo Rivera, portavoz del grupo. Según este, el aumento en los requisitos de educación continua y licencias dificultará el ejercicio de la profesión y provocará “un estancamiento mayor al ya difícil mercado de bienes raíces”. “Sobrerregula una de las profesiones más difíciles de practicar y menos respetada en Puerto Rico. Además, limita que retirados, pensionados y universitarios puedan generar ingresos (ejerciendo la profesión)”, dijo. Según Rivera, los nuevos requisitos serán una competencia desleal contra los corredores que trabajan por cuenta propia y no tienen los recursos para competir con las grandes empresas. “El gobierno simplemente debe convertirse en facilitador del comercio”, opinó Rivera
Fuente: elnuevodia.com
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