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Las llamadas "mesas de paz" llegaron hasta la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. El presidente de esta organización empresarial, Aquiles Martini Pietri, y el ministro de vivienda, Ricardo Molina; han sostenido conversaciones para analizar los problemas que presenta el sector y que, por supuesto, afectan a los ciudadanos. En mayo de este año, en Gaceta Oficial Nº 40.418, fue aprobada la Ley de Regularización de Arrendamientos Inmobiliarios para el Uso Comercial. En vista de que el Gobierno nacional consideró que el sector inmobiliario nacional, especialmente el dedicado al arrendamiento con fines comerciales o de servicios, había tenido en los últimos años un comportamiento "especulativo"; propuso esta normativa. Martini, en aras de presentar las bondades y características de esta Ley, viajó a Puerto Ordaz este jueves para participar en el foro organizado por la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, con el fin de informar a los empresarios y usuarios cómo beneficia el reglamento. EL DIÁLOGO FUNCIONÓ "Esta Ley es una consecuencia de la negociación entre el Gobierno y el sector privado. Es diálogo es viable", dijo al inicio de sus declaraciones. Prosiguió asegurando que mientras las conversaciones sean equilibradas van a permitir la viabilidad económica y social "del uno y del otro". "Ambas partes cedieron, eso es importante, es la única manera de avanzar", agregó. Martini resaltó que una de las bondades de esta normativa es que el Gobierno reconoce que las partes deben ponerse de acuerdo. "El Gobierno no puede esperar lo negativo para interceder. Esta ley es un gran logro porque nunca se había reconocido la voluntad de las partes involucradas. Claro, con esto no quiero decir que la Ley no tenga sus críticas", expresó. Igualmente, señaló que el reglamento beneficia tanto al arrendador como al arrendatario. Indicó que el decreto presidencial que se publicó antes de la promulgación de esta normativa "había que revisarlo" debido a que "la población va a los centros comerciales como medio de escape, en busca de servicios y diversión" y que la ordenanza del Ejecutivo los obligaba prácticamente a cerrar. Aseguró que con las tres modalidades de pago que se describen en la Ley, el inquilino tiene mayores posibilidades de negociar con el propietario y acordar una forma de pago "más cómoda y acorde a las necesidades de cada quien". RESPETO Y GARANTÍA El vocero inmobiliario, en las reuniones con funcionarios del Gobierno, exigió el respeto a la propiedad privada y la garantía por los derechos constitucionales. Pero también reconoció que "hay propietarios e inquilinos que abusan" y que hay que poner parámetros para evitarlo. Aquellos inquilinos que tienen muchos años alquilando un local comercial, tienen seis meses, desde el momento de la promulgación de la Ley, para adaptarse a las nuevas normas. Se tendrá que recurrir a un procedimiento legal en caso de que no lo haga. Otro de los puntos que destacó fue la ubicación y condición del espacio en alquiler. Estos puntos deberán ser tomados en consideración al momento de fijar el precio que deberá cancelar el arrendatario. Pese a que este estatuto tiene algunas críticas, ha sido aceptado por la mayoría. Sin embargo, Martini asevera que no excluirá de discusión. Precisamente, con la gira nacional que realiza, pretende informar lo que establece y conocer las opiniones de los interesados. Comunicó que en Venezuela existen 400 mil locales comerciales de los cuales 50 mil están situados dentro de centros comerciales. 750 mil viviendas en alquiler Martini citó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, mencionando que hay 750 mil unidades de viviendas en alquiler en Venezuela. El vocero inmobiliario cree que son menos, "pero siendo así, igual es un número importante". Advirtió que urge estimular la producción e impulsar la producción de viviendas. Como consecuencia de una falta de planificación, dijo que para el 2014 el Gobierno anunció la entrega de 400 mil viviendas "y no van más de 52 mil en siete meses". Las causas de esta situación, señaló, son carencia de créditos hipotecarios, falta de leyes inclusivas, sequía de materia prima y crisis en las empresas productoras de cabilla, cemento y demás materiales de construcción. Indicó que la Ley de Arrendamiento de Viviendas también será modificada. Fuente: Eldiariodeguayana | |
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