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El ministro del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Ricardo Molina, hizo referencia a que algunos beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela han vendido, intercambiado o alquilado sus casas de manera ilegal, a raíz de lo cual han salido algunas denuncias a la luz pública, y aseguró que ha podido ser un error el no difundir de manera vehemente las acciones que han tomado por parte del ministerio.
“Son acciones y revisiones permanentes que se hacen a lo largo del desarrollo de la misión, continuamente se realizan auditorías a las familias que se encuentran habitando allí para asegurarnos de que las viviendas han sido ocupadas por las familias que originalmente compraron”, aseguró el ministro.
Enfatizó que junto con el Comité Multifamiliar de Gestión y los Consejos Comunales se han verificado las normas de convivencia. Aseguró que las personas que incurran en estas faltas “hacen una violación a la ley y al pueblo venezolano que de verdad necesita de viviendas”. Agregó que han abierto procedimientos con la Fiscalía en contra de esas personas, con participación del Sebin, para así “calificarlos de estafadores”.
Explicó que las personas que compran una vivienda al Estado, en condiciones ventajosas como lo son al precio que es equivalente al costo de construcción, con tasa de interés baja, sin inicial, 30 años para pagar, y venden estas propiedades, “están convirtiendo en mercancía a las viviendas”. “Si por alguna razón necesitan mudarse o trasladarse a otro lugar, esa vivienda tiene que ser puesta a la orden de la misión”, afirmó Ricardo Molina.
Aclaró que las personas que compren vivienda a un tercero y no a la Inmobiliaria Nacional, y no le paguen al Banavih (Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda), “hacen trampa, y las dos partes serán sancionadas; pierden la oportunidad de adquirir otra vivienda en la misión”.
Fuente: noticiaaldia.com
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