Las viviendas asignadas por el Gobierno han sido comercializadas (Créditos: AVN)
“Son acciones y revisiones permanentes que se hacen a lo largo del desarrollo de la misión, continuamente se realizan auditorías de las familias que se encuentran habitando allí para asegurarnos que las viviendas han sido ocupadas por las familias que originalmente compraron” aseguró el ministro. Enfatizó que junto con el Comité Multifamiliar de Gestión y los consejos comunales se han verificado las normas de convivencia “han ocurrido situaciones que no son muy frecuentes pero ocurren, de 623 mil viviendas podemos decir que se han presentado 200 casos en todo el país y de esto se hace un escándalo”. Aseguró que las personas que incurran en estas faltas “hacen una violación a la ley y no solo al Gobierno bolivariano sino una burla al pueblo venezolano que de verdad necesita de viviendas”. Agregó que han abierto procedimientos con la fiscalía en contra de esas personas o familias, con participación del Sebin, para así “calificarlos de estafadores”. Explicó que las personas que compran una vivienda al Estado, en condiciones ventajosas como lo son al precio que es equivalente al costo de construcción, con tasa de interés bajas, sin inicial, 30 años para pagarlas, venden estas propiedades “están convirtiendo en mercancía a las viviendas”. “Las personas que las vendan lo están haciendo de manera fraudulenta, si por alguna razón necesitan mudarse de ciudad o trasladarse a otro lugar, esa vivienda tiene que ser puesta a la orden de la misión inmediatamente” afirmó Ricardo Molina. Enfatizó que el dinero que es aportado por la compra de la vivienda la Inmobiliaria Nacional se lo regresa “pero no pueden vender la vivienda” subrayó. Las viviendas construidas y vendidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela “deben permanecer al menos 10 años bajo la propiedad de quien se le asignó inicialmente, si no la está usando para vivir no puede ser que la use como mercancía, la persona que la vende incurre en fraude de igual manera de quien la compra” puntualizó Molina. El ministro aclaró que las personas que le compren la vivienda a un tercero y no a la Inmobiliaria Nacional y que no le esté pagando al Banavih (Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda) sino a un particular “está haciendo una trampa, y las dos partes serán sancionadas, el dinero entregado al supuesto propietario lo perdió al igual que pierde la oportunidad de adquirir una vivienda a través de la misión por un comportamiento violatorio a la ley”. Fuente: El Mundo Economía & Negocios |
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