Un comprador anónimo compró esta propiedad en Miami Beach por $19.48 el año pasado. Douglas Elliman Real Estate
Debido a que los compradores pueden encubrir su identidad en compañías fachada poco transparentes, los reguladores afirman que la compra de viviendas en efectivo es un imán para el lavado de dinero. Funcionarios extranjeros corruptos, narcotraficantes y otros transgresores de la ley han sido sorprendidos invirtiendo dinero sucio en bienes inmobiliarios de Estados Unidos. En enero, una agencia del Departamento del tesoro de EEUU dijo que daría una orden temporal a las compañías aseguradoras de títulos para que identifiquen a los verdaderos propietarios de compañías fachada que paguen $1 millón o más en efectivo por viviendas en Miami-Dade y $3 millones o más por viviendas en Manhattan. La nueva orden requerirá que las aseguradoras de títulos hagan el mismo tipo de reportes por transacciones de $1 millón o más en los condados Broward y Palm Beach, resaltando el estatus del sur de la Florida tanto como uno de los mercados inmobiliarios de lujo más destacados del país como por un escondite de fondos ilícitos de todo el mundo. En Nueva York, la orden se aplica a los otros cuatro municipios de la Ciudad de Nueva York (Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island) por $1.5 millones y más. También se incluyen las transacciones de $2 millones o más en los condados San Diego, Los Angeles, San Francisco, San Mateo y Santa Clara en California, y $500,000 o más en el condado Bexar, Texas, que incluye a San Antonio. La directiva, conocida como "orden de enfoque geográfico" (GTO), se pondrá en vigor el 28 de agosto y durará 180 días. Además, la misma aumenta los requisitos de reporte en Miami y Manhattan. "La información que hemos obtenido de nuestros GTO sugiere que estamos en el camino correcto", dijo Jamal El-Hindi, director interino de la Red Policial de Crimen Financieros (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Tesoro que emitió la orden, en un comunicado. "Al expandir las GTO a otras ciudades importantes, aprenderemos aún más sobre los peligros de lavado de dinero en los mercados inmobiliarios nacionales, lo cual nos ayudará a determinar nuestro futuro curso regulatorio". Alrededor de un cuarto de las transacciones reportadas en Miami y Manhattan involucraron a personas que eran, por su parte, tema de reportes de actividades sospechosas hechos por bancos y otras instituciones financieras, indicando posibles actividades criminales, de acuerdo con FinCen.
En una llamada en conferencia con periodistas, un funcionario de FinCen dijo que entre las instancias de actividad sospechosa estaban transferencias bancarias por un monto de $7 millones desde Sudamérica, cheques falsos y el retiro de $16 millones en efectivo, pero no dio detalles.
La agencia dijo que ellos seleccionaron esos nuevos mercados debido a su popularidad entre los compradores extranjeros y sus altas concentraciones de compañías fachada. La información que pueda extraerse de la expansión de la supervisión podría usarse para elaborar regulaciones permanentes.
En abril, el Miami Herald reveló cómo personas acusadas de corrupción en América Latina ayudaron a impulsar el boom de los condominios de lujo en Miami y a inflar los precios locales. La serie fue parte de una asociación con periodistas de todo el mundo llamada Panama Papers (Papeles de Panamá).
Las transacciones que sean parcial o completamente hechas en efectivo tendrán que ser reportadas. En la economía actual, eso no significa solamente maletas llenas de billetes.
La orden anterior incluyó en su definición de transacciones "en efectivo" giros postales, cheques de caja, cheques certificados y cheques de viajero. La nueva orden se aplicará asimismo a los cheques personales y de negocios. La mayor parte de las transacciones de compraventa inmobiliaria se hacen a través de transferencias bancarias, pero FinCen dice no tener la autoridad regulatoria para supervisar las mismas.
A diferencia de las industrias bancaria e hipotecaria, la inmobiliaria carece de requisitos de reportes estrictos o de debida diligencia. Los corredores inmobiliarios y otros actores de la industria no tienen que conocer ni investigar a sus clientes. Eso podría cambiar. Líderes congresuales como el ex senador federal Carl Levin han llamado a una mayor transparencia y una mayor regulación.
Las GTO se centran en las aseguradoras de títulos porque las mismas están involucradas en casi todas las transacciones inmobiliarias.
Fuente: El Nuevo Herald | |
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