El superintendente aseguró que en cinco meses de gestión aceleraron los procesos (Créditos: Cortesía)
Hace un mes la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) comenzó a fiscalizar las inmobiliarias para atacar los cobros excesivos. Así lo informó el titular de la Sunavi, Román Pineda, en una entrevista con El Mundo, Economía y Negocios.
Precisó que visitaron seis de ellas en Distrito Capital, y a todas se les abrió un proceso sancionatorio de “bastante cuantía porque no cumplen con la ley”.
Entre las irregularidades que fueron detectadas está el no registrar los apartamentos que alquilan, no visar los contratos de arrendamiento y los cobros excesivos en alquileres o hechos en moneda extranjera, detalló.
Una vez estén listas las inspecciones en la zona metropolitana comenzarán a efectuarlas en las principales ciudades del país.
También van a monitorear los apartamentos y casas que estén desocupados. Los registrarán en una base de datos, comenzarán a hacer citaciones para determinar quiénes son los dueños “para obligarlos a que entren al mercado secundario de inquilinato”.
Protocolo de desalojo
El superintendente reiteró que están suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todas las medidas de desalojo. Sin embargo, anunció que en las próximas semanas se publicará el protocolo de desalojo que se discutió en la mesa de trabajo en la que participaron las partes involucradas, la Sunavi y otros entes.
Detalló que la primera parte de los documentos fue entregada al TSJ en mayo, la segunda hace unos días y la tercera a mediados de este mes “para dar por terminado el trabajo de la mesa”.
El diseño de cómo se hará el desalojo se hizo en consenso. Incluso, participaron movimientos de oposición que estuvieron invitados a las reuniones, dijo.
“La idea fundamental es que tengamos un sentido humanista en el proceso de desalojo, no que se haga como en otros países que llega la fuerza pública y rompe puertas y deja a la gente en la calle”, manifestó.
Aseveró que el objetivo es que se le indique a la persona, según sea el caso, a qué refugio o vivienda definitiva será trasladado, qué enseres podrá llevar y que se fije la fecha de ejecución del proceso “sin necesidad de traumas”.
Contempla, además, que la Sunavi debe estar presente con los movimientos sociales para que se respete la integridad de la familia, puntualizó.
“Hemos entregado la documentación al TSJ y se espera que en las próximas semanas se levante la medida de paralización de los desalojos, ya que se establece el protocolo para realizarlos de una manera humanitaria, donde se respeten los derechos de la familia y sea lo menos traumático posible”, expresó.
El titular de la Sunavi señaló que también trabajan para avanzar hacia el cumplimiento de la disposiciones transitorias que establecen que las depositarias judiciales, que sirvan como depósito a los bienes productos de los desalojos ordenados por el TSJ, deben tener control en los cobros que no excedan ni deterioren el patrimonio del inquilino.
Al hacer un balance de las sentencias definitivas, explicó que en los últimos cinco meses se ubicaron nueve familias en los refugios disponibles del Ministerio de Vivienda y Hábitat; entre 15 y 20 han salido por tener propiedades en otros estados, y a unas 120 personas les asignaron casas en la Misión Vivienda.
Coordinan con los Ministerios de Interior, Justicia y Paz y Defensa para elevar el número de refugios “que nos permita dar respuesta a las sentencias”.
Fuente: El Mundo Economía & Negocios
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