Venezuela es un país sin techo. La falta de vivienda es la realidad de muchos actualmente. La oferta de inmuebles en alquiler es prácticamente nula; mientras el costo de viviendas acabadas es irrisorio ante el poder adquisitivo de los venezolanos.
Historias dramáticas donde literalmente le “roban” una casa a su propietario, porque luego de alquilarla no se la devuelven y no existe forma de obligarlos al desalojo; ni ganando un juicio en tribunales, ha obligado a propietarios de inmuebles a no arriesgarse. Mientras que familias venezolanas se quedan sin techo porque comprar vivienda es imposible con los salarios que se perciben y la desorbitada inflación.
No solo en el Táchira, sino a nivel nacional, el mercado de los alquileres prácticamente murió. Siguen alquilados quienes tienen años en un inmueble; pero no hay nuevas alternativas para rentar, afirma la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Táchira, Elizabeth Morini.
“Desde hace muchísimos años prácticamente no se manejan alquileres en la región. Hay inmobiliarias pioneras en el Táchira, cuyo mayor ingreso era por arrendamiento y administrar inmuebles; pero se han conseguido con una disyuntiva muy grande porque los propietarios quieren elevar los cánones de arrendamiento para poder ajustar los costos a lo que es la realidad de la inflación y las leyes no lo permiten. Inquilinos que tienen muchos años ocupando un inmueble, aquí en San Cristóbal, pueden estar pagando 200, 300 o 500 bolívares mensuales y cuando quieren ajustarle el valor, el organismo regulador hace el avalúo y pone precios muy bajos que no corresponden con la realidad”.
Morini, quien también dirige una empresa de inmuebles importante en Táchira, dice que hace más de tres años no maneja alquileres porque es muy poca o casi nula la oferta de inmuebles. Explica que por la Ley de Arrendamientos los contratos deben ser por un año y queda a potestad del inquilino, y la Ley no explica la fórmula para poder ajustar el canon. Y si el dueño necesita el inmueble, no puede tenerlo porque es un proceso hasta de décadas, afirma.
La mayoría de las personas que hizo un apartamento o compró un inmueble para alquilar a terceros, lo hacía pensando en tener un ingreso para su vejez; pero las experiencias reflejan que retomar la propiedad, si así lo desean, puede dilatarse años e incluso algunos fallecen sin obtener de vuelta su casa porque son procesos muy engorrosos: “Yo misma tengo diez años esperando la entrega de un apartamento, con todos los juicios ganados, el inquilino tiene cinco años que no vive ahí, con un alquiler de 400 bolívares mensuales y sigo esperando que un juez ejecute la decisión para poder cumplir con los parámetros legales. Entonces, ¿quién se arriesga realmente a alquilar?”.
No se construye para alquilar
Si el Gobierno o la empresa privada pudiera construir viviendas y dedicarlas al arrendamiento, mejoraría la situación; pero realmente las leyes no protegen a quien alquila, y agrega la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Táchira que si lograran alquilar a precios correspondientes con la inflación actual, un apartamento en la ciudad de San Cristóbal podría tener un canon mensual de 100 o 300 mil bolívares, y los ingresos de un tachirense no dan para tales montos.
La empresa privada tampoco invierte en nuevas soluciones habitacionales por la inflación en los materiales y la escasez; además, el incremento de los salarios es otro factor que no le permite a un constructor seguir urbanizando, señala Morini.
¿Qué comprar con 20 millones?
El 19 de enero pasado, el presidente Nicolás Maduro incrementó los montos máximos de crédito para la adquisición y mejora de inmuebles, a través del Fondo del Ahorro para la Vivienda de los Trabajadores; pero solo muy pocos venezolanos llenan los requisitos para sacar prestados los 20 millones de bolívares que es la tarifa máxima del crédito, debido a que en los requisitos se exige un ingreso mínimo familiar de 448 mil Bs. mensuales y cancelar una cuota mensual de 156 mil 800 Bs.
Con esas exigencias de ingresos son pocos quienes pueden aspirar a un crédito por el organismo del Estado; pero aún teniendo opción a los 20 millones de Bs., no es mucho lo que puede hacer una familia porque en San Cristóbal y gran parte del país, el valor de un apartamento de interés social, tipo Unidad Vecinal o La Castra, supera los 50 a 60 millones de bolívares de acuerdo a los costos que maneja la Cámara Inmobiliaria en la región.
“Alquilar es el peor negocio que pude hacer”
Pensando en su futuro, Doroteo Medina trabajó y construyó una vivienda secundaria que alquiló para tener un ingreso adicional, hace solo una semana logró que le fuera desocupada por su inquilino luego de varios años pidiendo el desalojo: “Me dejaron la casa totalmente destruida, hasta los cables se llevaron, me robaban lo que cultivaba en el lugar, donde tengo un terrenito pequeño, pero logré que se fueran por fin”.
Medina es jubilado, pasa los 80 años de edad, es lúcido y diligente. Cuenta que ahora tomó de nuevo posesión de su vivienda pero debe invertir mucho dinero en hacerla habitable: “Se llevaron todo, los tomacorrientes los dejaron sin poder usarlos porque arrancaron hasta los cables de luz de la casa, llaves de paso, las puertas acabadas, los vidrios de las ventanas rotos, el piso sucio y los baños casi inservibles. Yo había sembrado un maíz y lo arrancaron antes de irse. Es muy difícil poder alquilar después de una experiencia como esa, ahora debo meterle dinero que no tengo a la casa para poder venderla porque yo me estaba enfermando mucho por esa situación”.
La vivienda está ubicada en el municipio Córdoba y Medina relata que era una pareja adulta, sin hijos quienes la ocupaban: “Alquilar es el peor negocio que pude hacer en mi vida, en un país donde no hay seguridad de nada. Toda la gente me dice que corrí con suerte porque me la entregaron, lo que me parece injusto que piensen así, porque eso no es suerte, tener nuestros bienes cuando los necesitamos debe ser la regla, tenemos que volver a ser un país donde se respete la gente y lo que posee; pero parece que ya muchos venezolanos olvidaron qué es lo correcto y qué es ser vándalo y sin vergüenza”.
“Solo Dios es capaz de hacer justicia en este país”; asegura Medina que él desesperado por temor a perder su vivienda, hizo de todo lo que tenía a su alcance, como citar a los inquilinos a un abogado, pedirles desocupación por cuenta propia, ir a la Alcaldía, mandar emisarios de su familia para pedirles la salida durante más de tres años; al final, junto a su esposa oraban todos los días e hicieron una promesa a las ánimas del purgatorio y a través de la ayuda divina lograron que se hiciera el milagro.
“Si la cosa no se hubiese vuelto así, uno podría alquilar y tener una entradita para los gastos de su vejez en este país, porque lo que uno recibe de la pensión del Seguro Social no alcanza para medicinas y comer; pero ya no se puede inventar con nada, y para mí, irme del país a esta edad, ya no lo veo posible”.
“No tener dónde vivir es como estar en una postguerra”
“Si la familia es la base fundamental de la sociedad, según las propias leyes venezolanas y principios morales del país, aquí acabaron hasta con la posibilidad de tener una familia porque quienes se casan no pueden comprar una casa o apartamento porque son demasiados caros, y la única oportunidad en un país normal para los que inician una familia es alquilar y aquí los alquileres se extinguieron. No hay dónde vivir”, dice José Parra.
Relata que tiene dos años buscando un espacio para alquilar para su madre, una señora de 75 años de edad, quien vive con una hija de 50 años: “Las tengo viviendo en una pensión mala, muy deprimente, pero no he conseguido un apartamento para poder reubicarlas. Realmente es casi una ratonera donde viven y se paga por una habitación 40 mil bolívares al mes, no tienen derecho a cocina, lo que incrementa los gastos para poder alimentarse. Es dramático, porque no pueden cocinar y debo cocinar y llevarles o comprarles en la calle y para una persona mayor esa alimentación no es sana; además de costosa”.
Ha buscado en inmobiliarias, en anuncios de periódicos, con amigos y no ha logrado conseguir un espacio para alquilar para dos personas adultas; dice Parra que por su propia experiencia en el país, caso específico de Táchira, el mercado de los alquileres está muerto por completo. “No puede ser que pases dos años buscando por todas partes y no consigas nada, solo se explica en que no hay mercado de alquileres, que eso murió”.
Debido a su situación, decidió enviar a su madre, una sexagenaria, a otro país, bajo el cuidado de un hermano: “Tener que ver irse a mi mamá cuando tenía la ilusión de vivir y morir en su país, y no poderle cumplir su sueño de conseguir un apartamento para ella, me duele mucho. No sabes cuánto destruye esto una familia, tener que separarnos porque no conseguí en dos años un espacio para alquilar y teniendo el dinero, es dramático. No tener dónde vivir y con el dinero en mano, refleja la grave crisis de un país que se parece a una post guerra, de acuerdo a lo que se ve de naciones en esas circunstancias”.
Parra señala que comprar un apartamento le es imposible en este momento, porque los más económicos son 80 millones de bolívares en la ciudad de San Cristóbal, y se requiere de un ingreso muy importante para poder reunir ese dinero: “No te dejan alternativa, pedir un préstamo bancario, ahora para vivienda, prestan hasta 20 millones; pero no hay nada en ese precio, todo parece irreal, lo único real es las enormes cifras que cancelas para comer y medio vivir”.
