miércoles, 3 de julio de 2013

VENEZUELA: CONSTRUCCION

Poca producción de cabillas y cemento retrasan construcción de viviendas


“¿Por qué nuestras Empresas Básicas de Guayana no están produciendo?, ¿Por qué las cementeras han disminuido su producción?, ¿Cuál es el interés de no que no produzcamos? ¿Sale más barato comprar los materiales a otro país? ¿La cabilla, el cemento y otros insumos que nos vienen de otras naciones son mejores que los de Venezuela? ¿Qué hay detrás de todo esto?”, se preguntó Rebeca Velasco, presidente de Vivienda Miranda, alegando que esta situación influye en el retraso en la ejecución de obras de construcción, reparación o mejoramiento de viviendas en la entidad.
 
 
 
 
 
Aseguró que una de las causas de este grave escenario se debe a que las empresas productoras de dichos insumos, las cuales se encuentran administradas por el Gobierno central, no están produciendo lo suficiente para satisfacer la demanda nacional. “Nos duele que la prioridad de este Gobierno sea importar y generar recursos para otros países. El desprecio a lo hecho en el país se nota en las políticas de este Gobierno que se dice obrerista, pero no firma convenciones colectivas y destruye la producción nacional”
Asimismo, señaló su preocupación con esta situación, ya que una de las formas de poder salir de la crisis económica que vive el país es a través de la generación de empleo de calidad, “no solo con la construcción de edificaciones y viviendas, sino también en la extracción, producción y transporte de los materiales de construcción que son los insumos básicos, y que junto con la mano de obra, las maquinarias y los equipos, hacen posible que exista progreso y el desarrollo en el país. Por eso exhorto al Ejecutivo nacional a que cumpla con políticas eficientes que permitan reactivar e incrementar la producción”.
Lamentó Velasco que la Siderúrgica de Orinoco (Sidor) esté en estado tan crítico, por culpa de las malas políticas administrativas y ante la falta de inversión por parte del Estado Nacional para incrementar su producción. “Nuestra querida Sidor no tiene la capacidad de producir como lo hacía años atrás y eso también se refleja en la industria cementera, que fue nacionalizada por este Gobierno. El tema de la construcción de viviendas es algo sagrado y el Gobierno central, responsable de darle respuesta al pueblo, no debe jugar con las necesidades del pueblo haciendo politiquería con el fin de quedarse y perpetrarse en el poder”, dijo.
También se refirió a la regulación de precios de los materiales empleados en la construcción “El único que tiene acceso a esos materiales es el mismo Gobierno, pero ¿Cómo quedan las empresas privadas o los entes regionales como las gobernaciones y alcaldías que ejecutan proyectos de infraestructura social?. Todos sabemos que cuando hay escasez se genera todo un movimiento en paralelo y resulta que ese insumo lo puede obtener quien paga más por el mismo. Eso sin duda genera un efecto perverso y es deber del Gobierno central controlar esta situación, mediante la reactivación y fortalecimiento de las industrias productoras de nuestro país, dejar la importación y establecer un plan que permita el buen abastecimiento de los materiales”.
Velasco informó que actualmente unos 2 mil 500 mirandinos, quienes desde enero de 2013 han recibido por parte del Ejecutivo regional diversos Certificados Mirandinos de Materiales de Construcción Sin Deuda para la construcción, reparación o ampliación de sus viviendas, tengan retrasadas las obras producto de la crisis.
“Las Viviendas Semillas tiene un lapso previsto de construcción de hasta tres meses, pero con la escasez de materiales se duplican o triplican. Sin embargo, el Gobierno de Miranda sigue adelante con sus programas. Estamos al día dando respuesta al problema habitacional. Lo que faltan son los insumos, que una vez cuando lleguen a las ferreterías adscritas al Plan Mi Vivienda, les daremos respuesta inmediata para ver que nuestras familias mirandinas puedan satisfacer sus necesidades habitacionales y mejorar su calidad de vida”.
Fuente: Informe 21

martes, 2 de julio de 2013

VENEZUELA: CONSTRUCCION

Los costos de las viviendas incrementaron en 1.000%





La escasez de insumos básicos para la construcción, la intensificación de los controles de precios y la especulación que ha traído consigo, la improvisación en el diseño y aplicación de políticas gubernamentales que incentiven la ejecución de una amplia cartera de proyectos que se encuentra en las gavetas de los organismos públicos y empresas privadas, así como también el malestar manifestado por los obreros frente al retraso en la aprobación de la convención colectiva que les recompensaría de manera justa sus arduas labores, son los factores que han generado la contracción sufrida por este sector.

El presidente del Sindicato Único de la Industria de la Construcción del estado Lara, Pedro Peña, aseguró que los costos de las viviendas han incrementado en un 1.000 por ciento, lo cual afecta directamente a los venezolanos -principalmente jóvenes insertos dentro de la actividad productiva del país recientemente- y, en segundo término, a los trabajadores de la construcción. Disminuyen las probabilidades de que los ciudadanos que intentan construir o ampliar sus viviendas, apoyados en créditos bancarios y ahorros propios, puedan conseguir los materiales básicos de construcción, debido a que los precios se han disparado.

“Tal como está la situación, no pueden hacer nada por sus casas porque el salario no les alcanzaría para comprar los insumos. A duras penas, les alcanza para hacer el mercado semanal”, opinó Peña.

Frente a esta realidad, también se reduce la capacidad del Estado de disminuir el déficit habitacional, el cual asciende a tres millones de viviendas, de acuerdo a las declaraciones emitidas recientemente por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri.

Las empresas privadas tampoco tienen la posibilidad de ejecutar complejos habitacionales con la rapidez que demanda el país porque los insumos le son vendidos a precios exorbitantes, calculados en dólares no preferenciales. La razón de esta irregularidad es que los materiales baratos son adquiridos por la red gubernamental para la consolidación de la Misión Vivienda que, si bien ha aportado un número de unidades al sistema nacional, es insuficiente.

Las ferreterías tienen poco que ofrecer y cuando les llega un producto lo venden a montos impagables.

A este oscuro panorama se suma que el Gobierno nacional no concreta la promesa formulada a los trabajadores de la construcción de sincerar sus salarios, lo que repercute en la celeridad con la cual se deben ejecutar los proyectos.

Durante su visita al diario EL IMPULSO, Pedro Peña informó que los obreros de la construcción del estado Lara están esperando que la solicitud formulada por las federaciones nacionales que aglutinan a estos trabajadores, en conjunto con la Cámara Bolivariana y la Cámara Venezolana de la Construcción, ante el ministro del Trabajo, de aprobar una nueva convención colectiva que contenga un aumento de 30 por ciento, sea cumplida con vigencia desde el 4 de julio, según lo acordado en estas conversaciones.

“Nosotros no estamos dispuestos a esperar más porque hace un año venció el contrato y desde entonces nos tienen en zozobra. Estamos cansados de los ofrecimientos de homologación que nunca se cumplen”, dijo Peña.

Ultimátum

El presidente del Sindicato de la Construcción de Lara dio un ultimátum al ministro del Trabajo, al enfatizar que “de no respetar los plazos establecidos, saldremos a las calles para protestar ante las sedes del Ministerio del Trabajo, en Lara y en Caracas. Y si seguimos sin obtener respuestas, paralizaremos todas las obras de los sectores público y privado de Lara el lunes 8 de julio”.

Muchas razones motivan a este líder sindical a ordenar la radicalización de acciones.

“Los trabajadores están viendo poca seriedad en las informaciones que nos están llegando de Caracas. El sector de la construcción es el que dinamiza la economía y no es justo que nos traten de esa manera”.

El retardo de la homologación de la referida convención colectiva afecta a 400.000 trabajadores a nivel nacional y a 20.000 trabajadores en el estado Lara.

El sector privado también está a la espera de la concreción de este nuevo contrato para iniciar sus proyectos porque necesitan reglas de juego claras.

En jaque

Las obras que pudieran paralizarse en caso de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción del estado Lara cumpla el paro anunciado son las siguientes:

-Urbanización Aves de Yucatán, proyecto de la Misión Vivienda que se ejecuta tras la firma de un convenio entre Venezuela e Irán. Está previsto que culmine el próximo año y contempla 4.032 apartamentos.

-La nueva cárcel para sentenciados, a culminarse durante el mes de octubre, proyecto emprendido por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

-La nueva cárcel para procesados de Lara, la cual estaría lista el próximo año y está en plena ejecución. Es otro proyecto del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

A la crisis que se podría generar a raíz de este paro, se adiciona el malestar de los trabajadores afectados por el detenimiento de los trabajos de reforzamiento de bases y rehabilitación de las Torres de El Sisal, obra que no continuó debido a que la empresa América Proyecto 2021, contratada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, se retiró del estado hace meses.

Insumos por las nubes

Pedro Peña consideró conveniente esclarecer las razones por las cuales al sector privado se le dificulta ejecutar proyectos habitacionales.

“A los constructores privados no les llegan los insumos, especialmente cabilla, cemento y mallas, sumamente esenciales para la industria”.

Reiteró que están destinados únicamente para la Misión Vivienda, por lo cual deben pagar entre 600 y 700 por ciento más sobre el precio real de estos materiales cuando aparecen y después de hacer colas kilométricas, como las que se están haciendo en los supermercados para comprar harina y papel higiénico.

Las consecuencias de las distorsiones asociadas al mercado de la construcción, sobre las cuales el Gobierno tiene poco control, es el incremento excesivo del producto final, es decir, las viviendas.

“Un apartamento, de los más baratos, costaba hace cuatro años 700.000 bolívares (700 millones de los antiguos). Ahora está en dos millones y más”, confirmó el líder sindical.
Fuente:Elimpulso.com

VENEZUELA: VIVIENDAS


Foto: Archivo / Noticias24
(Caracas, 1 de julio. Noticias24) El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri explicó en Noticias24 Radio que el mercado inmobiliario actualmente vive “una gran distorsión respecto al aumento de sus costos”
 En este sentido, Pietri dijo que el caso de los inmuebles en Venezuela es muy modular ya que si bien es cierto que el Gobierno no los está haciendo ver como una inversión, la realidad es que este es el mayor activo de las familias y genera el patrimonio de las mismas.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria hay que tratar de comprender la estructura del problema inmobiliario en el país y este no radica en que las viviendas estén más caras o no, “la realidad es que los venezolanos somos cada vez más pobres”.
Es necesario crear leyes que sean rentables para el futuro inmobiliario del país
Por ello, expresó que hay que evaluar cuál es la realidad de los ingresos de los venezolanos ya que todo el material necesario para la construcción de viviendas se importa y por lo tanto estas son calculadas al valor del dólar, que está fuera del costo oficial.
La importación de la materia prima representa para Pietri otro de los conflictos que afectan a la construcción de inmuebles y sus costos en el país, “es que no hay materia prima como cemento o cabillas, esta se bebe importar y todo ese control se encuentra en manos del Gobierno”.
Además, aseguró que hoy en día los venezolanos tienen una economía que “no es real, subsidiada, no productiva, donde se importa todo y estas distorsiones económicas hacen que cada vez nos hagamos más pobres”.
En este sentido, indicó que lo que se debe hacer para solventar este problema es generar mayor productividad y con ella más riquezas, “con esto habría un incremento de empleos y que se pueda obtener un país y un sueldo productivo que nos permita vivir mejor”.
Lo que se debe hacer para solventar este problema es generar mayor productividad y con ella más riquezas
De este modo hizo énfasis en la necesidad de crear leyes que sean rentables para el futuro inmobiliario del país y que les permitan a los venezolanos una fácil adquisición de viviendas, sin pensar en metas irreales.
Afirmó que es utópico lo que propuso el Gobierno de hacer entrega de una cantidad exorbitada de viviendas, cuando el BCV dijo que el sector inmobiliario había descendido un 1,2% y se le suma la ausencia de materia prima para la construcción en el país.
Para finalizar, explicó que la solución para este sector tiene que partir de la mano de la inclusión de Estado y empresa privada para dentro de ella vislumbrar que se puede urbanizar en Venezuela, con la inserción de leyes que permitan el retorno de capitales y donde se respete la propiedad privada.
Fuente: Noticias 24

VENEZUELA: ECONOMIA Y POLITICA

Piden anular obligación de vender viviendas al Gobierno

Vecinos forman la asociación civil Frente de Vecinos Unidos con Propiedad para agilizar la protocolización de los apartamentos
Vecinos de los conjuntos residenciales El Encantado, La Hacienda, Encantado Humboldt  y Auyantepuy, que están ubicados en Macaracuay, Caracas, entregaron en la Procuraduría General de la República un documento en el que exigen la nulidad de la resolución emitida por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la cual establece que los inmuebles de los urbanismos intervenidos o expropiados a partir de 2010 sólo podrán ser vendidos a la Inmobiliaria Nacional durante los primeros cinco años desde la fecha de protocolización.
En el pliego detallan porqué consideran que la medida viola sus derechos a la propiedad privada y aluden las razones por las cuales el Gobierno no puede reservarse el derecho de preferencia ni imponer condiciones o limitar la venta a terceros.
Uno de los propietarios informó que los consejos comunales decidieron constituirse en una asociación civil denominada Frente de Vecinos Unidos con Propiedad para agilizar la firma de los inmuebles pendientes por protocolizar. También señaló que “de ningún modo aceptarán que se aplique la retroactividad de la ley”.
La resolución afecta a más de 5.000 familias de la clase media, algunas de las cuales compraron hace 5 años y ahora tienen otros planes como vender para comprar una vivienda más amplia o en otra zona.
Aseguró que los apartamentos del Conjunto Residencial Auyantepuy no han sido protocolizados, pero los propietarios los han tomado para evitar que personas ajenas se los invadan, tras años de espera a que se defina la fecha de entrega.
“A 40 propietarios que estaban por concretar la venta de sus inmuebles les rechazaron la firma del documento en el registro. La medida ha coartado su libertad en cuanto a qué hacer con su propiedad”, afirmó una de las vecinas de El Encantado.
Fuente: El Nacional

Oficial. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, afirmó el domingo que la medida busca garantizar la justicia social, ya que las personas estafadas lograron recibir sus viviendas tras la actuación del Ejecutivo, que los defendió de las empresas privadas que incumplieron los contratos de venta, lapsos, precios y condiciones acordadas. Rechazó que ahora algunos propietarios pretendan comercializar las casas a precios especulativos, reportó AVN.
"El Estado intervino para garantizar el derecho a la vivienda, para proteger los derechos de quienes querían hacer de la vivienda una mercancía", dijo Molina.
Explicó que la banca aportó los recursos para concluir las obras por instrucción del Gobierno, que garantizó los materiales, maquinarias y los profesionales para finalmente entregar las viviendas a sus legítimos compradores.
En caso de que la familia necesite vender la vivienda puede hacerlo al ministerio, a través de la Inmobiliaria Nacional. "Se actualiza el precio, para resarcirle el esfuerzo que significó dar ese dinero en aquel momento", declaró a su salida de una reunión con constructores privados.

lunes, 1 de julio de 2013

VENEZUELA: COMUNIDAD

Vecinos de El Encantado piden apoyo a la Defensoría

Es la segunda vez esta semana que plantean sus quejas en entes del Estado


Los vecinos de El Encantado se reunieron ayer en la Defensoría del Pueblo. La finalidad fue pedir su apoyo en el recurso de nulidad de la resolución 061, además de levantar la medida de expropiación e intervención establecida por el Gobierno en el año 2012.

El Frente de Vecinos Unidos con Propiedad fue atendido por la defensora de guardia, quien propuso crear una mesa de trabajo con el fin de tratar el tema, e incluso apoyar la anulación de la resolución 061.

"Le pedimos a la Defensoría del Pueblo que intervenga en nuestro caso" dijo Raniero Cassoni, uno de los voceros del Frente de Vecinos Unidos con Propiedad. Cassoni explicó que hay muchas condiciones personales detrás del deseo de vender los inmuebles."No se trata de la venta por la venta, es la venta por la necesidad. Con el tiempo, algunos apartamentos se van haciendo pequeños para las familias".

La resolución 061, impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, establece que durante cinco años los propietarios solo podrán vender sus inmuebles a la Inmobiliaria Nacional, y que debe ser vendido por la misma cantidad por la cual el inmueble fue adquirido, más el ajuste monetario adecuado al momento de la venta.

Esta es la segunda vez en la semana que los vecinos del Conjunto Residencial El Encantado presentan su queja. El pasado miércoles acudieron a la Procuraduría, en donde también quedaron en formar mesas de trabajo para tratar el problema. Sin embargo, los vecinos dicen que aún no saben con certeza si dichas mesas de trabajo tendrán lugar.
Fuente:  EL UNIVERSAL

VENEZUELA: TURISMO

Comienzan trabajos de renovación de hoteles Venetur
 
 
Caracas, 01 Jul. AVN.- Este lunes comienzan las obras de restauración de los hoteles de la estatal Venezolana de Turismo (Venetur) ubicados en Morrocoy, estado Falcón, y en Maracaibo, Zulia.
El ministro para el Turismo, Andrés Izarra, inspecciona este lunes la instalación falconiana.
En mayo pasado, el Banco Bicentenario aprobó un crédito a Venetur por más de 440 millones de bolívares, destinados a la remodelación de los hoteles Venetur Alba Caracas, Morrocoy y Maracaibo.
Para el de Morrocoy, ubicado en Tucacas, se tienen prevista una inversión de 171,2 millones de bolívares. Esta instalación, construida hace treinta años, cuenta con 304 habitaciones. La mitad albergó a los afectados por las lluvias intensas registradas en el país a finales de 2010.
Para al Venetur Maracaibo fueron aprobados más de 37,8 millones de bolívares destinados al mantenimiento y mejoras de sus 106 dormitorios, así como para la construcción de un muelle en el Lago de Maracaibo.
Los trabajos de recuperación para esta obra, construida en 1954, concluirán en enero del próximo año, de acuerdo con el cronograma.
Fuente: AVN

VENEZUELA: VIVIENDA

Molina: Aplicamos justicia en casos de estafas inmobiliarias en urbanismos
 
 
 
Caracas, 27 Jun. AVN.- El Ministerio para la Vivienda y Hábitat emitió el pasado 12 de junio una resolución que ordena que las viviendas de los urbanismos intervenidos por el Estado para proteger a sus compradores víctimas de estafa inmobiliaria por constructoras privadas, solo podrán venderse a la empresa estatal Inmobiliaria Nacional, durante un lapso de cinco años.
El ministro Ricardo Molina destacó este jueves que esta medida busca garantizar justicia social en estos casos, pues luego de que los estafados lograron recibir sus viviendas, tras la actuación del Ejecutivo, que los defendió de las empresas privadas que incumplieron los contratos de venta, lapsos, precios y condiciones acordadas, ahora algunas personas pretendían comercializar las casas a precios especulativos.
Mencionó como ejemplo una vivienda en el estado Carabobo, cuyo precio convenido inicialmente entre el comprador y el estafador fue de 90.000 bolívares. El Estado logró la conclusión del urbanismo e hizo efectiva la venta a ese monto. "A las dos semanas las venden en 700.000 bolívares", señaló.
"El Estado intervino para garantizar el derecho a la vivienda, para proteger los derechos de quienes querían hacer de la vivienda una mercancía", recordó Molina.
La banca aportó los recursos para concluir las obras, por instrucción del Gobierno, que garantizó los materiales, maquinarias y profesionales para finalmente entregar las viviendas a sus legítimos compradores.
Puntualizó que si la familia necesita vender la vivienda, puede hacerlo al Ministerio, a través de la Inmobiliaria Nacional. "Se actualiza el precio, para resarcirle el esfuerzo que significó dar ese dinero en aquel momento", explicó a su salida de una reunión con constructores privados que participan en el plan del Estado 0800 MI HOGAR, dirigido a la clase media.
"No podemos permitir que tras un gran esfuerzo para que se respetara el derecho a la vivienda, no al negocio, se venda una vivienda que costó 300.000 bolívares en 3 millones de bolívares. Eso estaba ocurriendo", advirtió. "En el fondo, es una cuestión de justicia", resaltó.
En 2010, el comandante Hugo Chávez ordenó la intervención de varios urbanismos en construcción promovidos por empresas privadas, tras múltiples denuncias de sus compradores sobre la violación de los contratos de venta. Unas 23.000 familias fueron amparadas. El Ejecutivo logró que los bancos financiaran la culminación de los proyectos, para que los afectados obtuvieran su techo.
De esa cifra, solo restan unas 6.000 unidades habitacionales por entregar, indicó este jueves el ministro. Se trata de casos en los que no hubo banco asociado al urbanismo y la constructora desapareció, y solo existe el terreno.
"Estamos viendo cómo estructurar un esquema financiero para resarcir el derecho violado haciendo ajustes", señaló.
Esto implica casos en los que, por ejemplo, el precio pactado originalmente era de 100.000 bolívares para aquella época. Ahora, el Estado se compromete a culminar la vivienda, pero necesariamente debe hacer los ajustes de precio, en función de los nuevos costos de la construcción. Precisó que será, en todo caso, a un monto justo y actualizado.
Pagos de la Misión Vivienda
Consultado por los periodistas, Molina refirió que se han acelerado los trámites para que las personas que han obtenido sus casas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la política habitacional del Estado, cancelen las sumas justas y accesibles por sus viviendas, de acuerdo con el esquema de subsidio establecido por el Ejecutivo.
En mayo pasado, el presidente Nicolás Maduro instruyó esta acción, a fin de constituir el Fondo Central de Vivienda, que permita tener recursos para la Misión.
"Hay algunas que no se habían podido comenzar a cobrar porque no se tenía el documento formal de compra-venta. Esos documentos se han venido acelerando, a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)", precisó Molina, y señaló que ya cuentan con casi 60% de los documentos emitidos.
"Nos hemos venido acompasando con este tema. Con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y la banca pública estamos haciendo toda una operación para acelerar este asunto y poner cada vez más al día el tema del cobro", agregó.
Apuntó que con apoyo de las instituciones financieras del Estado está en proceso de constitución un centro de pago que facilite el trámite.
Estos recursos son captados en la actualidad por el Banavih y posteriormente irán al Fondo Central de Vivienda.
Hasta ahora, la Misión Vivienda ha construido más de 390.000 unidades habitacionales, desde su creación en abril de 2011. Es una cifra sin precedentes en el país.
Alerta con el subsidio
El ministro también informó que han detectado y sancionado casos de personas que reportan ingresos inferiores a los que realmente tienen, como vía para obtener el subsidio que otorga el Estado para que las familias de menores recursos puedan obtener su vivienda.
Señaló que han multado a los bancos que tramitan estos beneficios sin que el solicitante realmente califique para obtenerlo.
Impulsan este trabajo con el Banavih y las instituciones financieras. "Estamos actuando en consecuencia para transparentar el tema de los subsidios y continuar con esta política que pretende hacer práctico el socialismo en la adquisición vivienda y apoyar al que más lo necesita", enfatizó.
El Subsidio Directo Habitacional es una ayuda no reembolsable que otorga el Estado. Va desde 100% del costo de la vivienda, para quienes reciben menos de un salario mínimo al mes (2.457,02 bolívares), hasta 10% del precio, para los que ganan hasta cuatro salarios mínimos (9.828,08 bolívares).
Fuente: AVN