“Cuando uno paga canon de arrendamiento en moneda extranjera significa una pérdida, pues ese dinero no se registra como un gasto”
Comerciante de San Antonio
“He tenido que pedir prestado para completar el monto del alquiler”
Darkys Rincón
Con 18 años viviendo en calidad de inquilina, Eliana Pérez se ha vuelto propietaria de unas historias de búsqueda angustiosas e interminables. La más reciente empezó -recuerda de memoria- el 7 de julio de 2014. Desde entonces y hasta ahora, asegura que “todos los días del mundo” no ha dejado de preguntar por un nuevo techo. El que ahora la cubre, desde donde dibuja la crisis inmobiliaria nacional, lo debe desalojar cuanto antes luego de 11 años de estadía. Se lo pidieron por obras, debido a una filtración de agua que se derrama hacia las casas vecinas.
Aunque allí, en pleno Barrio Obrero, paga 100.000 bolívares mensuales por ese apartamento tipo estudio, Eliana sabe que este es un precio viejo, literalmente del año pasado. Los cánones de arrendamiento residencial en el Táchira se han disparado a partir de enero desde 50 %, el que menos, y hasta 300 % los que más, según se constató para este trabajo. La inflación ayuda a convertir en acertijo la tarea de alquilar.
Modista de oficio, Eliana ha sacado cuentas y con sacrificios está dispuesta a desembolsar hasta 150.000 bolívares mensuales, siempre que el inmueble esté en el perímetro de San Cristóbal. Pero se ha encontrado con sorpresas: no solo que le hayan pedido 220.000 bolívares cerca del centro, sino que recién le solicitaron, en un caso, 800.000 pesos, más de un salario mínimo colombiano; y en otro, 760 dólares por un apartamento (ni siquiera por una casa, acota ella) en urbanizaciones del este de la ciudad.
“La gente cada vez más teme alquilar. Pero ahora los que alquilan lo hacen a unos precios tan altos que algunas veces me los dicen en dólares o en pesos. Es que ni juntando todo un año de trabajo ganaría como para alcanzar esos montos. Están pidiendo como si uno fuera el dueño de Empresas Polar”, protesta Eliana. Estrés, preocupación, angustia: las consecuencias.
El cobro y el pago de arrendamientos en moneda extranjera están prohibidos e incluso son sancionados por la legislación venezolana. Lo que ocurre, argumenta Eliana, es que existe un desfase muy grande entre la realidad económica y los parámetros que maneja el Gobierno.
José Rozo, estudioso de la materia económica fronteriza y expresidente de Fedecámaras en el Táchira, razona que estos altos precios de los alquileres son apenas los efectos del problema. “La causa es una economía destruida, sin patrones económicos a seguir. Y este modelo político irremediablemente afecta los servicios”, observa, al acotar que la vecindad fronteriza del Táchira también estimula el cobro en otra moneda, considerada “fuerte”.
Para dejar caer el teléfono
Un paseo por las ofertas inmobiliarias de esta semana en el área metropolitana de San Cristóbal permite concluir que, para pagar un alquiler residencial, se necesitan entre dos y 20 salarios mínimos. En Palo Gordo, por un apartamento pequeño piden 80.000 bolívares. En Los Kioscos, 100.000 por un anexo de dos habitaciones. En La Machirí, 170.000 en un conjunto privado. En Santa Cecilia, alquilar un inmueble implica desembolsar 280.000 bolívares al mes. Y en Las Acacias solicitan 800.000 bolívares por un apartamento.
Pero el acertijo de poder alquilar no implica solamente tener muchos ceros en la cuenta. Otras condiciones aplican. Los arrendadores piden hasta seis meses, o en el peor de los casos un año completo, por adelantado. “Los meses de depósito están siendo exagerados, descapitalizan sin duda al arrendatario”, considera Eliana. A veces hay que sumar a lo anterior por lo menos un mes de comisión administrativa.
Resolver el acertijo tampoco se trata únicamente de disponer en la cuenta de miles de bolívares para cancelar, de un solo tajo, los primeros seis meses de un alquiler, como por ejemplo pedían esta semana por un apartamento en la avenida 19 de Abril. El reto también incluye tramitar referencias bancarias, comerciales y personales, por lo menos los tres últimos movimientos bancarios; y para hombres solteros, hasta los antecedentes penales. “Te piden prácticamente la misma documentación que para un crédito en el banco”, compara Eliana, a quien le han enumerado muchos de estos papeles.
Tal vez el aspecto más delicado del acertijo de poder alquilar sea el de los menores de edad. Eliana, madre de dos niños de 10 y 13 años, guarda experiencias al respecto: “Una vez estaba preguntando con mis hijos y la señora, desde la puerta, me gritó: ‘¿Esos muchachos son suyos?’. Apenas le dije que sí, me respondió: ‘Entonces no se alquila’, y cerró la puerta”.
Siempre han existido los inquilinos que dejan los inmuebles muy deteriorados. Solo que, con esta crisis económica, a los propietarios les está resultando cada vez más difícil restaurarlos para volverlos a ofrecer. “Algunos lo hacen poco a poco y entonces temen que se los vuelvan a deteriorar”, ha observado Eliana, en sus búsquedas incesantes.
Residencial, mercado paralizado
Desde que entró en vigencia la Ley de Arrendamientos, el trabajo se ha vuelto prácticamente imposible para los corredores de inmuebles de uso residencial. “Desde hace más de dos años no hay oferta de parte de los propietarios y no tenemos absolutamente ningún inmueble de vivienda para ser destinado a alquiler”, actualiza Elizabeth Morini, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Táchira.
La legislación establece que la persona debe ir a Sunavi a registrar su inmueble, armar el expediente y pedir un avalúo con base en un “precio justo” o, en la práctica, con valoraciones muy por debajo de las del mercado real y de lo que pueda cubrir la inflación. Una vez el contrato es aprobado por Sunavi, se puede ir a la notaría. Y hay más: según la ley, es potestad unilateral del inquilino renovar el contrato anual o entregarle el inmueble al propietario.
Estas condiciones desventajosas han hecho que la mayoría de acuerdos de arrendamiento residencial se hagan con abogados de forma privada.
En el caso de la Ley de Regulación de Arrendamientos Inmobiliarios para Uso Comercial aplican otros criterios más claros: establece, por ejemplo, valores de reposición para poder ajustar el canon de forma anual, diferencia Morini. Por eso y otras garantías, este mercado sí está activo entre los corredores inmobiliarios de la entidad que trabajan ajustados a derecho.
La titular de la Cámara Inmobiliaria invita a la población a asesorarse con personas calificadas y a formalizar las denuncias en vista de que, en el Táchira, se han conocido casos de estafadores: personas que piden pagos por adelantado a varios interesados en un inmueble y que después incumplen.
Lo peor es que hay inmuebles que, por tanta inseguridad jurídica, incluso están desocupados. Nadie quiere correr riesgos. Algunos casos en tribunales del Táchira llevan hasta ocho años esperando una decisión de un desalojo, aún cumpliendo con todos los requisitos, o aún teniendo el inquilino otras propiedades, trascendió.
Como si el suelo fuese el vecino
El desplome del bolívar frente al peso ha traído consecuencias negativas para Carlos (nombre ficticio a petición de la fuente). Este comerciante de San Antonio llegó a pagar a finales del año pasado 1.800 dólares de mensualidad por un local en el centro. Sin contratos ni recibos, se lo alquiló otro venezolano como él. Si se escribe el verbo en pretérito es porque acaba de cerrar el comercio. La estructura financiera no aguantó más. “Cuando uno paga canon de arrendamiento en moneda extranjera no se puede reflejar por ningún lado. Significa una pérdida, pues ese dinero simplemente se paga y no se registra como un gasto”, expone.
En el casco central de San Antonio, aproximadamente 50 % de los propietarios de locales comerciales ya cobran en pesos (sobre todo) o dólares los meses de arrendamiento; una práctica que empezó a hacerse más frecuente el año pasado. El cálculo cualitativo lo hace Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de esa población fronteriza, que -por la crisis- ya cuenta menos de 5.000 patentes activas.
En un sondeo trascendió que el canon mínimo ronda los 250.000 pesos; poco más del 30 % de un salario mínimo en el vecino país, un monto relativamente económico para un colombiano pero que, cambiado a bolívares, impacta en mayor medida sobre la estructura de los comerciantes locales.
En enero pasado estas tarifas sufrieron incrementos de entre 100 y hasta 150 %. Por esta alza, o porque se mudaron del pueblo, cerca de 20 % de los locatarios del centro de San Antonio se fue, cerró los locales, lamenta Castillo. Pertenecían a varios sectores, sobre todo a marroquinería, bolsos y calzados. “Ahora sí hay espacios disponibles, pero cuando te dicen el precio sales corriendo. Es demasiado”, comenta la vocera gremial.
Comerciantes de la frontera indican que, además del canon, piden hasta tres meses de depósitos más uno por adelantado. Y, si está localizado en el centro, recargan una “prima de ubicación”. “Si el arrendador es colombiano, se busca un venezolano que figure en el contrato. Para ser notariado, el monto figura en bolívares; pero igual ellos piden hacer otro documento privado donde se establezca el compromiso en pesos o dólares”, contó, bajo reserva de su identidad, una fuente conocedora de estos asuntos.
En San Cristóbal, aunque la inmensa mayoría de inquilinos reporta pagos en bolívares por sus locales comerciales, los altos montos comprometen el futuro de esas actividades. Desde enero, a Darkys Rincón le aumentaron la tarifa a 150.000 bolívares por un espacio pequeño donde tiene un bodegón en la avenida 19 de Abril.
“Sumándole 23.000 bolívares de condominio, he tenido que pedir prestado para completar el monto, porque ha habido meses muy malos”, confiesa la comerciante. “Por más que quisiera no puedo abandonar el emprendimiento ni cerrar, porque además tengo pendiente el crédito bancario con el cual pude comenzar”. Mientras conversa sobre esto, ningún vecino compra…
Daniel Pabón
