Dueños
encadenados y escasez de alquileres son dos imágenes que se funden en
el casi inexistente mercado de arrendamiento en Venezuela tres años
después de que se aprobara una ley que buscaba proteger a los
arrendatarios y que continúa siendo criticada por los propietarios.
Miguel Clery busca un apartamento para alquilar y a día de hoy duerme en
un salón después de pasar hace unas semanas unos días en el balcón de
un conocido.
Originario de Martinica, este técnico de mediana edad comenzó a buscar
apartamento en Caracas en diciembre del año pasado pero desistió el
mismo día al darse cuenta rápidamente de la poca oferta y los precios
que había, y comenzó así una peregrinación de casa en casa que todavía
no sabe cuando concluirá.
Como Clery, miles de personas sufren en Venezuela la odisea de buscar
apartamento porque, según explicó a Efe el presidente de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, “hoy en día es
prácticamente imposible arrendar” en el país.
Las noticias en medios locales sobre propietarios que se encadenan o se
ponen a vivir frente a sus apartamentos alquilados o incluso cohabitan
forzosamente con los inquilinos ante la imposibilidad de recuperar la
vivienda se repiten desde hace meses.
“Una vez que tú alquilas tu vivienda se te hace prácticamente imposible
recuperarla“, aseguró Martini, en alusión a la Ley para la
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una norma
que formó parte en 2011 de una serie de mecanismos aprobados por el
Gobierno para tratar de fortalecer la protección de los arrendatarios.
La norma se adoptó en medio de un diagnóstico del Ejecutivo que decía
que en el país existe un déficit oficial de 3 millones de viviendas, y
preveía medidas como límites en los cánones de arrendamiento, el
otorgamiento de derechos a los arrendatarios a adquirir la vivienda
después de 20 años de renta o el control del Estado de las relaciones
entre propietarios e inquilinos.
“Hace 10 años el alquiler representaba el 30% de las soluciones
habitacionales y 10 años después (…) solo el 1% del mercado inmobiliario
lo representa el alquiler”, afirmó a Efe el presidente de la Asociación
de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta.
El también abogado aseguró que en la última década la oferta en este
sector se ha reducido en un 95% según datos de la Cámara Inmobiliaria
Metropolitana basados en los clasificados de los principales periódicos
caraqueños de tirada nacional.
Orta dice que se trata de “una ley desequilibrada con una carga política
muy importante (…) que termina de llevar a los propietarios a una
situación no de temor, sino a una situación de indefensión general”.
Giancarlo Schechnner montó el portal inmobiliario Conlallave.com en 2011
y antes de diagnosticar la situación actual tiene que buscar en su
navegador para saber cuál es la oferta de la que realmente dispone.
Reconoce que en su página los alquileres no son baratos pero asegura que
en la “época buena”, al poco de fundarla, llegaron a tener una oferta
de alrededor de 700 apartamentos. Hoy dispone de 51.
Esta normativa se sumó a una Ley contra Desalojos Arbitrarios aprobada
con anterioridad y que garantizaba, entre otras cosas, que una persona
que alquilara no tenía que abandonar una residencia antes de que el
Gobierno le facilitase otro techo.
El Tribunal Supremo venezolano incluso instó a los jueces en enero de
2011 a “limitar temporalmente” toda medida judicial “de carácter
ejecutivo o cautelar” que recayese “sobre inmuebles destinados a
vivienda familiar o de habitación”.
Según Apiur, en la actualidad la Superintendencia Nacional de
Arrendamientos (Sunavi), ente que rige el mercado, maneja alrededor de
50.000 casos de desalojo de los que, afirma, ha solucionado dos.
El presidente de la Comisión Parlamentaria de Administración y
Servicios, el chavista Claudio Farías, rechaza esa cifra y dice que son
20.000, de los que 15 ya han sido resueltos.
“El desalojo quizá era la muestra mayor de que había un problema de
injusticia social“, indicó a Efe el diputado por el oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
“Si yo voy mañana y te digo ‘quiero mi apartamento’, el inquilino dice
‘es que yo no tengo pá donde irme, el Ejecutivo me tiene que garantizar a
mí un espacio donde yo vivir’ (…). Un Gobierno responsable no puede
hacer eso, no puede permitir eso“, defendió, y manifestó su apoyo a la
ley aunque reconoció diversas “imposibilidades” para aplicarla.
“El ministro (de Vivienda, Ricardo) Molina ha planteado la posible
reforma de la ley (…) ahora, lo primero que decimos es que eso es una
ley que elaboró el pueblo“, advirtió el antiguo sindicalista.
Fuente: Noticias 24
| 
No hay comentarios:
Publicar un comentario