lunes, 9 de junio de 2014

Venezuela. Ley de Arrendamiento establecerá relación justa entre propietarios e inquilinos




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El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, señaló este domingo que la Ley de Arrendamiento para el Uso Comercial, instrumento legal aplicado por el Gobierno venezolano para regular el costo de los alquileres de locales comerciales, busca establecer un canon de arrendamiento justo.
“El espíritu de la ley es que entre las partes (propietario del local y arrendatario), con justicia, se establezca un cánon de arrendamiento justo, y solamente acudir a las instancias del Gobierno cuando exista conflicto”, explicó Molina, en entrevista a Globovisión.
Recordó que entre los métodos establecidos en la ley para calcular los cánones de arrendamiento con base en un precio justo, está la fórmula de calcular un monto determinado a partir del porcentaje de ventas en el local, para detener la especulación con la que se estaba realizando este pago en centros comerciales y otros espacios.
Molina indicó que otro de los aspectos que se regulan a través de la ley, es el pago del condominio de los locales, un monto que en el pasado, “estaba siendo impuesto sin ninguna explicación por parte del propietario”.
“Ahora la ley establece que se cree una junta condominial paritaria donde haya representación de los propietarios y los inquilinos, y que ellos puedan acordar en qué van a gastar y cómo van a gastar su dinero, para que todos sepan en qué se está invirtiendo en el local”, dijo.
El método de los 250 bolívares por metro cuadrado, fórmula con la que era calculado el cánon de arrendamiento en el pasado, quedó derogada con la promulgación de esta ley, que fue promulgada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 23 de mayo.
“Con esta metodología, algunos locales tendrán este cálculo por debajo de los 250 bolívares, otros, en cambio, tendrán un costo más alto, pero todo depende del valor que tenga el local comercial y del acuerdo que lleguen tanto el inquilino como el propietario”, señaló.
La Ley de Arrendamiento para el Uso Comercial, fue promulgada por el Ejecutivo Nacional como parte de las acciones que adelanta el Estado venezolano para luchar contra la corrupción y la especulación, y de esta manera proteger la economía venezolana.
Fuente: AVN

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