La actual situación económica del país, además de las políticas
del Estado venezolano en relación a este tema, han disparado los precios
en diversos mercados, y el inmobiliario no escapa a esta realidad.
Los precios que exigen los propietarios de casas, apartamentos, locales,
terrenos, entre otros, han sufrido un repunte de hasta 100% con
respecto al mismo bien en apenas un año.
La versión oficial sobre dicho aumento apunta a una especulación por
parte de los encargados de ofertar el inmueble. Sin embargo, quienes
pertenecen al ramo, alegan diferentes variables y, principalmente,
entienden que se trata de la ley del mercado sobre la oferta y demanda.
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara,
recordó que el tema económico no es "rígido", por lo cual observa
difícil la intención del Gobierno nacional de controlar el precio de los
bienes residenciales. Por el contrario, es la intención por parte del
sector oficial, convertida en leyes, la que ha facilitado la distorsión
actual de los precios. "Hay leyes propuestas por el Gobierno que
asfixian al inversionista privado y no lo incentiva a realizar nuevos
proyectos", explica, sobre los complejos residenciales nuevos que se
construyen en el país.
Además, Lau indicó que cuando una familia, por la razón que sea, desea
vender una propiedad para comprarse otra, verifica los precios de las
propiedades a las que aspira, y, en función de estas variables coloca un
precio al antiguo bien. Esto supone "un círculo vicioso” que redunda en
el incremento de los precios.
Por su parte, Francisco Mendoza, representante de la Cámara de la
Construcción, explicó que las políticas económicas oficiales han
derivado en variables que condicionan la construcción de nuevos
proyectos y esto, por ende, modifica los precios de los bienes ya
construidos. Entre las variables mencionadas señaló la falta de
materiales, los inconvenientes laborales con sindicatos, la falta del
financiamiento bancario, además del índice inflacionario y los permisos
como algunas características que desajustan al mercado que ofrece
residencias.
Aunque coincide con las declaraciones de Lau sobre la imposición de la
oferta y demanda como la que determina el precio de los bienes, sí
señaló una posible especulación como factor que incide en algunos
precios. De cualquier forma, explicó que existe una tabla de
valorización que aporta los registros de los precios de algunas
propiedades que se han comercializado y vendido en los últimos 6 meses
en una zona específica, dependiendo de sus particulares características.
Sobre esta base, tanto vendedor como comprador, pudieran llegar a un
acuerdo sobre la venta del bien.
Por su parte, Roberto Orta, representante de la Asociación de
Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), encargada de velar por los
derechos de los dueños de estos inmuebles, indicó que el impacto
inflacionario que afecta a todos los extractos de la sociedad venezolana
y condiciona el precio de los materiales de construcción, además de la
escasez en la oferta de bienes para arrendar a consecuencia de la ley de
arrendamiento, y la ley de estafa inmobiliaria que fijó los precios de
los proyectos nuevos por debajo de los gastos de construcción, determina
la poca oferta de residencias. Orta recordó las cifras oficiales del
Ministerio de Vivienda y Hábitat, que sitúan el déficit habitacional en
más de 2.700.000 viviendas a nivel nacional, "siempre se habla que es un
tema especulativo pero hay factores que inciden en el precio final de
la vivienda", sentenció.
Por su parte, Francisco Mendoza explicó que actualmente el usuario que
esté en posibilidades de comprar una propiedad debe asesorarse de manera
correcta. "Hay que asesorarse bien, con personas responsables. Gente
seria e inmersa en el tema, no buscar a gente que no conozca el ramo”,
insistió Mendoza, quien sugiere que las diferentes cámaras que tienen
que ver con el tema, ya sea el de construcción o la inmobiliaria,
podrían ser útiles.
Además, recomienda Mendoza, examinar la orientación de la vivienda, los
drenajes, los servicios, si la residencia se encuentra en un lugar
cerrado o abierto, sobre la seguridad de la zona, el financiamiento del
pago y, lo más importante, el dinero disponible.
Precios inalcanzables para asalariados
Al repasar el mercado de las viviendas en el estado Lara, y más
específicamente en la ciudad de Barquisimeto, se constató que el precio
mínimo por una propiedad no baja de los 3 millones de bolívares.
De allí, las diferentes variables mencionadas, además de lo que aspire
recibir el dueño, podrían incrementar el precio de la vivienda hasta en
5,7, o más de 10 millones de bolívares.
Ante estas cifras, un trabajador con el menor de los sueldos permitidos
por ley (4.251,78 bolívares), tendría que recibir 705,58 veces su sueldo
para hacerse acreedor de una residencia; que, dividido entre 12 (los
meses de un año), tendría que laborar por 59 años para comprar dicha
propiedad. La distorsión entre el sueldo devengado por un trabajador y
los precios de la propiedad más modesta es tal que, costaría más de
media vida poder adquirir una de las casas más baratas del mercado
actual.
Casas nuevas, usadas y terrenos sin construcción, varían sus precios
dependiendo de la zona en la que se encuentren, pero no existe una
oferta más económica, en las condiciones que sea, que aquella que
sobrepase el millón de bolívares.
Préstamos no alcanzan
Tradicionalmente, los préstamos bancarios y el dinero que cada
trabajador puede acceder por concepto de retenciones hechas en su
trabajo, consistían una ayuda necesaria para comprar una vivienda.
Sin embargo, en la Venezuela actual, los créditos bancarios dados por
los fondos de la entidad de ahorro, así como el dinero que se aporta por
el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (antigua Ley de Política
Habitacional), no cubren siquiera el 70% del costo final de la
residencia, "como pasa en cualquier otro país del mundo.”
Así lo señaló el responsable de la Asociación de Propietarios de
Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, quien comentó que el dinero que ofrecen
los bancos por concepto de préstamos no alcanza el millón de bolívares.
Tomando en cuenta que el precio más económico para una vivienda es de 3
millones de bolívares, el préstamo en cuestión no alcanzaría el 40% de
la deuda a contraer. Caso más grave sería con respecto al dinero del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el cual no alcanza los 400
mil bolívares, menos del 15% del precio final de una vivienda que se
comercializa en el mercado nacional.
La opción, para quien desee comprar una residencia, seguirá siendo el
préstamo del dinero y la búsqueda de una residencia más económica,
aunque eso suponga renunciar a escoger la ubicación que beneficie más a
la familia y los servicios con los que cuente el inmueble.
Fuente: El Impulso
No hay comentarios:
Publicar un comentario