Fuente: Camara Inmobiliaria de Venezuela
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, advirtió que es equivocado pensar que un control desde el Estado sobre los precios del mercado secundario residencial resolverá el problema de viviendas de la población.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela llamó la atención sobre las declaraciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, del pasado jueves, en las cuales sugirió emprender una política desde el Gobierno para controlar los precios de las viviendas del mercado secundario inmobiliario.
La Cámara señaló que esto significaría vulnerar otra disposición constitucional que garantiza el derecho de propiedad, su uso, goce y disfrute.
A través de un comunicado, la Cámara argumentó que el propietario puede valorar y disponer libremente de su vivienda en el mercado según su apreciación.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, advirtió que es equivocado pensar que un control desde el Estado sobre los precios del mercado secundario residencial resolverá el problema de viviendas de la población.
Para Carlos Alberto González, los controles que debilitan la propiedad privada y empobrecen masivamente a las familias venezolanas no son la forma como el país superará sus dificultades económicas y sociales; al contrario, solo el estímulo a la inversión inmobiliaria y en otros sectores productivos, con los derechos económicos y sociales plenamente garantizados, incluyendo el derecho de propiedad privada, podrá solucionar las críticas condiciones que producen sufrimiento y desasosiego a millones de venezolanos.
“Con la inflación más alta del mundo en Venezuela, los problemas de la criminalidad y la impunidad, y la escasez que desespera a todos los venezolanos, podemos decir que el modelo económico ha fallado. Insistir en los mecanismos de ese modelo, como los controles de precios, solo traerá más pobreza y dificultad”, afirmó.
Fuente: El Informador
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viernes, 10 de junio de 2016
Venezuela: Cámara Inmobiliaria advierte que el Gobierno amenaza la propiedad de las familias
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