La
resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de
Viviendas (Sunavi) del pasado 28 de marzo de 2014, que ordena a los
propietarios de edificios de larga data, con más de 20 años dedicados al
alquiler de apartamentos formalizar la oferta de venta a sus
inquilinos, movilizó a las partes involucradas.
Por una parte, los colectivos y redes de inquilinos celebran la medida,
pues apuestan a que esta vez sí se debe cumplir la ley a cabalidad.
“Porque los propietarios no nos estaban parando”, apunta Maglene
Sierralta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
Para estas organizaciones, el hecho de que los dueños acepten el acuerdo
de venta constituye un punto de honor a una lucha en la que llevan
desde 2006. “Esto es justicia social. La mayoría de los inquilinos son
de la tercera edad, muchos hijos de inmigrantes. Hemos hecho una vida
con nuestros padres e hijos pagando alquiler desde hace 40 años y más”,
cuenta Douglas Acevedo, quien logró comprar su apartamento en el
edificio San Biaggio.
“Esto es justicia social, gracias al presidente Chávez. Mi apartamento
me costó 67 mil bolívares. A otros les salió un poco más caro porque son
más grandes o por estudio socio-económico. A una señora aquí en el
edificio le salió gratis, lo pagó un banco del Estado, porque ella es
sola y de edad avanzada”.
La medida beneficiará a 25 mil inquilinos que habitan en edificios de
vieja data, según registros de las organizaciones de inquilinos.
Los gremios inmobiliarios, representantes de dueños de edificios y de
compañías que administran los arriendos que se cobran a apartamentos
ubicados en edificios viejos -la mayoría construidos en las décadas de
los años 50, 60 y 70-, fustigan la resolución.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), apenas se publicó la
resolución, introdujo un recurso de nulidad ante los Tribunales
Superiores Contenciosos de Caracas. “Esto es un atentado más contra la
propiedad privada, no se puede obligar a vender”, señaló Aquiles
Martini, presidente del gremio.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), que además
administra varios de los edificios que serán objeto de la medida, se
opone a la resolución en el mismo orden de la CIV, e insiste en que los
avalúos que se hacen de las edificaciones están muy por debajo del
mercado. “El Estado no debe ponerle precio a la propiedad privada”,
sostiene Roberto Orta, representante de Apiur.
Los gremios también se oponen a la metodología de avalúo que aplica la
Sunavi para determinar el precio final de los inmuebles, pues aducen que
con esta fórmula no se toma en cuenta la ubicación y la zona donde
están los edificios.
En descargo, Rigel Sergent, del Movimiento de Inquilinos, sostiene: “Los
propietarios dicen que se limita el derecho a la propiedad, pero son
ellos quienes lo niegan porque saben que el inquilino que lleva más de
40 años, en muchos casos hasta 50 años pagando alquiler, ya ha cancelado
esa vivienda; lo saben, pero quieren seguir lucrándose porque ven la
vivienda como una mercancía. Nosotros luchamos por justicia social”.
Empezó a correr el lapso. Lo concreto, en este momento, es que el plazo
de sesenta días que prevé la resolución para que los propietarios hagan
la oferta de compraventa empezó a correr desde que se publicó la medida
que vence a finales de mayo.
Según la resolución, en ese plazo el propietario deberá formalizar la
oferta de compraventa; en caso contrario, de no cumplir con este paso,
se le aplicará una multa de 2 mil unidades tributarias (UT), que
equivale a 250 mil bolívares (una cifra equivalente al precio máximo de
un apartamento de vieja data, de 70 metros, tres habitaciones , según la
fórmula de avalúo que aplica la Sunavi).
Debido a que esta resolución es una derivación de la disposición
transitoria quinta de la Ley para la Regulación y Control de
Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, de no
concretarse el acuerdo de compraventa al término de los 60 días, la ley
prevé que las organizaciones sociales (en este caso, los colectivos y
redes de inquilinos) podrán pedir al Ejecutivo que proceda a la
expropiación del inmueble, pero voceros de los colectivos destacan que
quieren llegar a acuerdos antes de pedir la expropiación.
“Queremos comprar. No queremos nada regalado, aunque sabemos que aún con
la expropiación el Estado le paga un justiprecio al dueño; pero no
queremos recurrir a esa vía sin intentar acuerdos amigables”, resaltó
Sergent.
Este vocero relató que, en los avalúos que se han realizado con base en
la metodología para calcular el precio del inmueble, la cual toma en
cuenta la depreciación (antigüedad, años de construcción), el tamaño del
apartamento (metraje) y el mantenimiento (condiciones de la
infraestructura, servicios de luz, agua), el valor máximo de un
apartamento de larga data es de 250 mil bolívares.
Los censos que llevan los colectivos indican que de las 25 mil familias
que habitan edificios viejos, 85% de los responsables del arriendo son
mayores de 55 años de edad.
Ante esta realidad, se llegó a un acuerdo con la banca pública encargada
de otorgar los créditos hipotecarios -los cuales tienen una vigencia de
entre 25 y 30 años para cancelar la hipoteca-, de suscribir un seguro
de vida retornable en caso de fallecimiento del beneficiario del
crédito. “Pero también en la banca pública nos han indicado que son
créditos heredables”, aclaró Maglene Sierraalta.
Otro acuerdo que están concretando colectivos de inquilinos con el
Estado es que, en caso de que algún inquilino de los edificios viejos
que se vendan en su totalidad no quiera comprar el apartamento, hay una
propuesta de que la Inmobiliaria Nacional -estatal adscrita al
Ministerio de Vivienda- compre el apartamento, y en el caso de que el
ocupante decida mudarse, el Estado dispondrá de esta unidad, bien para
el alquiler con opción a compra o para venderla.
Maglene Sierraalta resalta que algunas familias que habitan los
edificios viejos y que llevan más de 40 años vivienda allí y tienen la
capacidad de comprarlos de contado. “Hemos ahorrado, tenemos una buena
jubilación o contamos con el apoyo de nuestros hijos y nietos, pero
necesitamos que nos hagan la oferta. Todas las familias tienen la mejor
disposición y posibilidad de pagar el crédito”.
Al tratarse de edificios con más de 30 años de construidos, y a muchos
de los cuales se les ha aplicado la regulación, el alquiler que pagan en
promedio ronda los 500 y 300 bolívares. En muchos de estos inmuebles
los inquilinos asumen los gastos de mantenimiento, pagos de servicio de
agua y luz. “En muchos casos las administradoras o los propietarios no
quieren asumir ningún pago de servicios ni de mantenimiento”, apunta
Sierraalta. | | |
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