El derecho a una vivienda digna, a la vida urbana, y a la calidad de
vida que este hábitat puede facilitar; responde a los deseos
fundamentales del mismo ser humano por encontrar un espacio en el cual
logre la satisfacción global de todas sus necesidades materiales y
sociales.
En Venezuela y el resto de Latinoamérica, este derecho se ve violado de
tres maneras: Primero, cuando los hijos de las familias que ya hacen
vida en la ciudad deciden mudarse, y se desangran pagando el alquiler de
un apartamento, o en algunos casos, reuniendo para la inicial de una
vivienda y pagando las cuotas criminales que imponen los bancos para los
créditos hipotecarios.
La segunda forma, cuando millones de trabajadores, provenientes del
campo o del extranjero, se ven en la obligación de habitar casas de
materiales precarios como latón, madera o bahareque, en los cerros de
las afueras de las principales ciudades para tener acceso a los
beneficios de la urbe (empleo, salud, educación, servicios públicos,
etc.). Curiosamente, los urbanistas describen esto como “asentamientos
irregulares en la periferia de la ciudad” en contraposición a la
construcción formal, como si el dar un título más refinado redujera el
nivel de miseria y precariedad en el que se encuentran sumergidos estos
barrios.
Por último, en orden decreciente: las invasiones. Estas
consisten en edificaciones a medio construir –en ocasiones con la simple
estructura basta- que son tomadas a mitad de la noche por grupos de
personas que no tienen ni para alquilar un rancho en lo más alto del
cerro, y sin alternativa alguna, habitan estos lugares en donde se está a
la merced de las mafias delictivas, drogas, prostitución y
concentración de epidemias por la altísima densidad poblacional de estos
barrios verticales.
Las siguientes serían descripciones acertadas de las condiciones de vivienda de los más pobres en Venezuela:
"Estas calles son por lo general tan estrechas que se puede pasar de la
ventana de una casa a aquella de la de enfrente. En esa parte de la
ciudad, no hay ni cloacas ni retretes o lugares de desahogo dentro de
las casas, y por eso todas las inmundicias, detritos o excrementos de
por lo menos 50000 personas son lanzados cada noche en las cunetas. (…)
En la mayoría de los casos tienen una sola pieza -donde, solo existe una
cama donde duermen en una confusión repugnante, hombres y mujeres,
jóvenes y viejos." [I]
Sin embargo, tales descripciones corresponden a un informe sobre las
condiciones sanitarias de la clase proletaria de Inglaterra presentado
ante el Parlamento de ese país en julio de 1842, lo que nos hace
comprender que en 172 años el capitalismo no ha podido dotar de
viviendas dignas al proletariado moderno –que viene a ser la gran
mayoría de la población mundial- ni ha podido erradicar siquiera las
miserias más groseras e inhumanas que en consecuencia padecen.
Hoy en día, en Venezuela existen 2.807.563 trabajadores que sobreviven
en esas condiciones, en hogares inadecuados, en hacinamiento crítico y
sin acceso a los servicios públicos básicos; según cifras oficiales del
Censo del 2011 [II]. Todos y cada uno de ellos, sin esperanza
alguna de mejorar, porque no es impreciso afirmar que acceder a una
vivienda digna en nuestro país es una utopía para todo aquel que no tenga otra cosa que su fuerza de trabajo y dependa de un salario para vivir.
¿Por qué si el Gobierno Nacional ha construido casi 552.000 viviendas desde el 2011 los precios aún suben?
Algo que siempre menciona la empresa privada de la construcción para
justificar el alto precio de la vivienda, es el sostenido incremento del
precio de los insumos.
En cuanto a este mismo factor, la Cámara Venezolana de la Construcción
indica que sólo en octubre del 2013 la inflación en los rubros del
sector fue de 11,1%, lo que implica que los precios de los productos se
han incrementado en 77,9%, aunque, cinco de los 21 rubros que mide el
Banco Central de Venezuela mostraron una variación superior a 80%. Entre
los insumos más costosos se encuentran el recubrimientos de paredes y
techos, sistemas hidroneumáticos, materiales de plomería, artefactos
sanitarios y productos de concreto. En sólo 12 meses el aumento fue de
141,5%.
Este incremento, que claramente se agudiza a partir del 2011, responde a
muchas variables relacionadas con la inflación, el control cambiario,
la regulación del cemento y la cabilla; siendo un factor importante la
amplia demanda que significa la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto es
un problema porque nuestro país no cuenta con la industria necesaria
para producir todo lo que el sector de la construcción necesita, lo cual
genera escasez y el aumento consecuente de los precios.
Observamos entonces como choca una política pública cuando se aplica
aisladamente contra la realidad objetiva de la nación: no es posible
construir grandes obras sin contar con la infraestructura e insumos
necesarios. Es curioso como el costo de los insumos, que corresponde al
tiempo requerido de producción en fábrica y a la habilidad del
trabajador para generarlos, es decir, la magnitud de su valor; se
distorsiona completamente con su precio final cuando entra en el mercado
y se transforma en mercancía por las leyes de oferta y demanda.
Este incremento limita la edificación de viviendas, lo cual a su vez
resulta en la escasez misma de apartamentos y casas; y afecta de igual
forma a todas las ramas de la construcción de obras civiles.
En ese sentido, se estima un déficit de 1.451.404 viviendas como
resultado de las estériles políticas públicas ejecutadas por los
Gobiernos de los últimos 50 años, con la clara distinción que marca el
mes de abril del 2011 con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda
Venezuela [III].
Hasta ese momento, específicamente el 30 de abril de 2011, el total de
unidades habitacionales construidas, tanto por el sector público como el
privado, fue de 2.480.044 viviendas; un saludo a la bandera si consideramos que hace 50 años éramos 5.034.838 de venezolanos y hoy 30.206.307 [IV].
Un dato interesante es que en 39 años, los gobiernos de derecha de la
llamada IV República (1959-1998), construyeron 1.173.192 unidades
habitacionales, mientras que el sector privado –tan parásito como
siempre- edificó sólo 759.982. Es decir, del 100% de viviendas
construidas durante los gobiernos puntofijistas, 60,68% fueron
edificadas por el Estado y 39,31% por empresas particulares.
Con la llegada del Presidente Hugo Chávez, el Gobierno Bolivariano
entregó desde 1999 hasta el 2010, 284.329 viviendas, mientras que el
sector privado construyó 262.541 [V]. En este caso, la
participación gubernamental disminuyó hasta posicionarse en un 51,99%
del total de hogares edificados, mientras que el 48% restante fue
producto de las constructoras.
Es evidente la orientación “privada” en los planes habitacionales en esa primera etapa de la V República.
No fue sino hasta abril del 2011 que surgió una política relevante en
materia de vivienda: La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Esta
pretende emendar el déficit nacional con la construcción de un estimado
de 2 millones de unidades habitacionales hasta el 2019. Lo cual podemos
apreciar con el siguiente gráfico:
Aclaremos algunos puntos:
En primer lugar, se evidencia que las metas aún no cumplidas
correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017; constituirían un
incremento espectacular en la cantidad de viviendas edificadas, lo cual
cuestionamos al observar que sólo se han culminado 10.823 vivienda en lo
que va de año, y que la capacidad instalada de la industria de la
construcción permanece inerte.
Además, según un balance de finales del 2012 ofrecido por el Presidente
del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Rafael
Ramírez; el poder popular, a través de los consejos comunales,
había construido el 39% de las casas y apartamentos de la Gran Misión
Vivienda Venezuela durante su primera fase, o sea, 135.385 unidades
habitacionales de las 346.798 edificadas hasta esa fecha [VI].
Estos consejos comunales construyen bajo el plan de Transformación
Integral del Hábitat (TIH), que integra los programas de Sustitución de
Ranchos por Viviendas (SUVI) y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Dicho
plan, a pesar de significar un intento por dignificar las condiciones
materiales de vida de miles de trabajadores que habitan en los barrios,
no implica la edificación de nuevas viviendas que contribuyan con la
disminución del déficit base de residencias, ya que aun cuando las
personas que son atendidas por este programa habitan hogares en
situación de precariedad, no califican para la estadística del déficit
nacional de vivienda.
Así las cosas, entre el 2011 y el 2012, sólo se contribuyó con una
disminución de la necesidad base en apenas 107.183 unidades
habitacionales, tomando en consideración el incremento vegetativo anual
del déficit. Lo que implica que pasarían 25 años a este ritmo para
cumplir con la meta final de la Gran Misión Vivienda Venezuela y llevar
la necesidad al mínimo.
Hasta los momentos, se han construido 551.227 viviendas a nivel
nacional, entre el sector público, el privado y el poder popular; bajo
la misma fórmula. Esa es la razón del incremento sostenido de los
precios según los privados, la escasez de la mercancía “vivienda”; lo
que a su vez es consecuencia de la falta de insumos, maquinaria e
infraestructura.
Cabe destacar que cuando decimos “viviendas construidas por el sector
público”, realmente queremos decir “viviendas construidas por empresas
privadas pero pagadas por el Gobierno”. Esto es, pagando al precio
especulativo del mercado inmobiliario a constructoras privadas
nacionales e internacionales para construir viviendas con débil acceso a
los servicios públicos (debido a los ahorros de costos necesarios para
maximizar el lucro por parte de las constructoras), sin equipamiento
urbano ni centros de trabajo masivo industrial que funcionen para
alimentar la capacidad productiva de la sociedad y generar fuentes de
trabajo formal.
Sin profundizar en especulaciones acerca del cumplimiento de las metas
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, procederemos a analizar el
siguiente caso hipotético:
Supongamos que el Gobierno Bolivariano logra acabar con el déficit de
viviendas. En teoría, esto brindaría un equilibrio a los precios de las
residencias, debido a la opinión universal de que mientras más oferta de
un bien o un servicio, la tendencia es que sus precios disminuyan.
Sin embargo, es nuestro deber advertir que ese no es el funcionar
verdadero de la lógica capitalista. La triste realidad es que en el
momento histórico que vivimos, superada la escasez real, vendrá la
escasez artificial fabricada por las empresas privadas de la
construcción, quienes controlando el mercado inmobiliario, sacarán sus
viviendas a la venta sólo cuando el momento permita el mayor lucro
posible y con toda la especulación que ya los caracteriza. Nunca
olvidemos las estafas inmobiliarias [VII].
Ejemplos de lo anterior se viven en España, donde existen
aproximadamente 3.44 millones de viviendas vacías, en manos de las
grandes inmobiliarias, esperando para ser vendidas a los precios
groseros del mercado de bienes raíces en el momento preciso [VIII].
Entendemos entonces, que sin importar la abundancia de algún bien,
incluyendo la vivienda, su precio dependerá siempre de quien sea el que
los tenga bajo su control, y en este caso quien lo hace es la burguesía
parásita y especuladora; que ve nuestras necesidades como oportunidades
de lucro y no como derechos.
El rumbo a seguir
Si queremos dar fin a esta lacra social, lo ideal es aplicar un plan
integral que abarque todas las aristas que implica el problema de las
obras públicas y la vivienda:
Para empezar, proponemos la centralización de toda la maquinaria e
infraestructura disponible para la construcción masiva de obras públicas
en una sola empresa estatal, que permita espacios de auditoría,
revisión, control y participación gerencial obrera; así como la correcta
planificación de los insumos a importar, y posteriormente, a producir;
destacando el carácter de clase que esta política pública debe mantener
para cumplir con el derecho histórico de los trabajadores a una vivienda
digna [IX].
Sin embargo, con lo que cuenta el país no es suficiente, por ello es
necesaria una solución que permita hacer frente a la situación
coyuntural de la escasez de materiales de construcción y maquinaria
mediante el comercio exterior, y que a la vez cree las condiciones
necesarias para que el ciclo no se repita, es decir, que la producción
interna haga innecesaria la importación de insumos potencialmente
disponibles. Por ello, se ha propuesto estatizar, en todas sus etapas,
la importación de maquinaria e insumos de la construcción para asegurar
el suministro de los productos requeridos [X].
Y por último, es necesario concentrar la banca estatal en lo que
respecta al financiamiento de obras civiles y créditos hipotecarios [XI],
para garantizar el correcto flujo de recursos financieros a través de
un solo ente, y reparar el daño que a diario sufren quienes tienen su
vivienda dentro del bolsillo de los bancos.
Todas estas propuestas permitirían la construcción masiva de obras
públicas y viviendas mediante los esfuerzos y recursos concentrados en
órganos únicos en su ramo, condición que los hace fácilmente auditables,
sistematizables y controlables. De igual forma, se garantizaría el
acceso del derecho humano a un hogar por cuanto el Estado tendría en su
poder todas estas iniciativas, en contraposición a la empresa privada
que, como ya se ha demostrado, la mueve más el lucro que la justicia
social.
¿Ahora, cómo serían adjudicadas estas viviendas de verdadera edificación
estatal? ¿En forma de propiedad privada? Más de este punto en una
próxima ocasión. Por los momentos, la cita siguiente sugiere una
profunda reflexión al respecto.
“Mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer
resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra
cuestión social que afecte la suerte del obrero. La solución reside en
la abolición del modo de producción capitalista, en la apropiación por
la clase obrera misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo.
” [XII]
Fuente: Aporrea
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