Venezuela: Ley de Misión Vivienda prevé pago “justo” a dueños de terrenos afectados

Titulo foto: Agencias  El proyecto de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) plantea en varios artículos que el Estado deberá hacer lo necesario para pagar de manera “justa” la adquisición de terrenos o inmuebles destinados a la construcción de viviendas incluidas en este programa social del Estado.  En el texto, al que tuvo acceso PANORAMA, se establece en su artículo tres -numeral tres- las competencias que se les atribuye al Ejecutivo necesarias para alcanzar el objetivo de la misma.  “Diseñar y poner en práctica, modalidades de intercambio de bienes y servicios e instrumentos financieros que puedan ser utilizados en las transacciones relacionadas con los pagos destinados a honrar la justa indemnización que deba ser entregada a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, por la adquisición de terrenos o inmuebles destinados a la construcción de viviendas en el marco de la presente ley”, reza el texto. El objeto del proyecto es regular el otorgamiento de la titularidad del derecho de propiedad plena a los beneficiarios de viviendas construidas en el marco del programa puesto en marcha por el fallecido presidente Hugo Chávez en abril del 2011 y que hasta ahora ha entregado 1.001.627 soluciones habitacionales en todo el país.  El propósito del mismo se basa en el artículo 82 de la Constitución sobre el derecho de toda persona a una vivienda. Aquellos que sean beneficiados que “sean titulares plenos y efectivos del derecho de propiedad sobre las unidades que le sean adjudicadas, y a obtener la protocolización de los documentos que acrediten su propiedad plena”.  Asimismo, se establece la creación de una comisión parlamentaria especial conformada por siete diputados que se encargará de levantar en un lapso de 90 días hábiles un inventario detallado de los diversos proyectos habitacionales ya ejecutados y en ejecución.  Información con la que se hará una base de datos con la “colaboración de distintos órganos y entes del Ejecutivo con competencia en la materia” para identificar el carácter público o privado del titular del derecho de propiedad del terreno sobre el cual se ejecutó o se ejecuta cada proyecto y en caso de pertenecer a un ente público, determinar el estado en que se encuentra el proceso de transferencia de la titularidad del derecho de propiedad.  Esta comisión también elaborará un informe que remitirá al ministerio con competencia en la materia, para que en un lapso de seis meses se convoque públicamente a todos los propietarios de terrenos e inmuebles afectados sobre los cuales se hayan ejecutado la Gmvv, para “participar en un proceso de negociación, destinado a explorar la posibilidad de alcanzar un arreglo amigable, en el cual se pueda acordar la transferencia en firme del derecho de propiedad de esos terrenos, incluyendo la procura de los recursos necesarios para poder pagar a los afectados la justa indemnización que les corresponde como parte de la garantía expropiatoria contemplada en el artículo 115 de la Constitución”. El proyecto también hace referencia a los deberes de los beneficiarios. Señala que los ciudadanos que resulten propietarios deberán respetar y contribuir a preservar el equilibrio ecológico y urbano, las normas de convivencia, de cuido y preservación del complejo habitacional en el que se encuentre ubicada la unidad otorgada. El diputado por Primero Justicia, Julio Borges, quien presentó en nombre de la Mesa de Unidad Democrática, la ley a la plenaria, defendió el proyecto al asegurar que es necesario que “se establezca un reglamento claro para que los beneficiarios de la Gmvv tenga la seguridad de su inmueble. Este proyecto beneficiara a todos los beneficiarios no solo por la misión vivienda sino del anterior Inavi y otros organismos”.  El diputado por el Psuv, Ricardo Molina, ex ministro de Vivienda, aseguró a este rotativo que desconoce la propuesta. Consideró que la intención de la oposición es “volver a mercantilizar la vivienda construida por el Estado, no la vivienda del sector privado que todos sabemos que está en una vorágine especulativa inmobiliaria”. Fuente: Diario Panorama