El sector privado y los arrendadores esperan ser incluidos en la revisión de la ley para favorecer la reactivación del mercado
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y otras asociaciones de pequeños propietarios, prepara una serie de propuestas con la expectativa de que sean tomadas en cuenta en la revisión de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
En declaraciones recientes, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, ha planteado la posibilidad de una revisión de la legislación, pero hasta ahora ese trabajo solo involucra a los movimientos sociales compuestos por inquilinos. El presidente de Apiur, Roberto Orta Martínez, informó que el sector privado y los propietarios esperan ser incluidos en la discusión, con el fin de acordar modificaciones que permitan reactivar el mercado de alquileres.
Entre las principales propuestas se encuentra modificar el método de avalúo de la vivienda, que no toma en cuenta el valor del terreno ni la ubicación. “También tiene unos parámetros de depreciación muy rígidos en los que una propiedad de 100 años vale prácticamente cero. Da como resultado unos alquileres ínfimos que no cubren el condominio o el derecho de frente”, recordó.
También sugieren facilitar los procedimientos de desalojo, a través de la supresión del acto conciliatorio que debe emitir la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y que demora aproximadamente un año. “Se debe dejar el tema de la resolución de conflictos a los tribunales, que ya tienen un acto conciliatorio. La Sunavi no tiene la capacidad operativa. Son 20 oficinas contra 500 tribunales a nivel a nacional”, dijo.
El otorgamiento de refugios para los inquilinos desalojados también constituye otra traba, pues desde el surgimiento de la norma la Sunavi solo ha entregado dos refugios. Orta Martínez señaló que son muchos los casos en los que el propietario logra que el tribunal ordene el desalojo, pero el arrendador no se marcha debido a que el gobierno no le ha provisto de una residencia provisional.
El tercer aspecto que piden reformar es la descentralización de las funciones de la Sunavi y devolverles la facultad de regular en materia arrendaticia a las oficinas municipales de inquilinato de 335 alcaldías, que tienen más capacidad.
Por último, solicitan modificar la venta obligatoria de los edificios de vieja data. “Eso no ha dado ningún resultado, lo que hay que crear es un mecanismo que flexibilice su conversión a propiedad horizontal de forma eficiente y diseñar un esquema en el que haya un precio justo para ambas partes”, sostuvo.
Fuente: El Nacional
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