lunes, 1 de septiembre de 2014

Venezuela: "Incertidumbre impide alquilar el apartamento"


Foto William Dumont
 Igual que otros matrimonios jóvenes, Vanessa Rodríguez y su esposo, ambos de 30 años de edad, adquirieron una vivienda con la ayuda de sus padres y lo que alcanzaron ahorrar con su trabajo. “Después de tres años logramos comprar un apartamento pequeño, de dos habitaciones, en El Hatillo, que nunca alquilaremos porque la ley nos impediría recuperarlo cuando regresemos al país”, dijo la arquitecta egresada en 2007 de la Universidad Simón Bolívar.

Le salió la oportunidad de hacer un master en un instituto en Madrid, por lo que el matrimonio permanecerá dos años en la capital española, lo que también los ha llevado a posponer los planes de tener hijos. “En condiciones normales lo conveniente es arrendar para que la hipoteca se siga pagando sola el tiempo que estemos fuera, pero la incertidumbre impide alquilar el apartamento”, expresó la arquitecta.

Conoce el drama de las parejas jóvenes que no pueden casarse porque no consiguen una vivienda. “Pero cómo alquilas ante tantos casos de propietarios imposibilitados de vivir en su propia casa porque el inquilino no quiere o no puede irse cuando le piden el desalojo. Ni siquiera hay garantía de dejar el apartamento a alguien para que te lo cuide”, indicó.

Aclaró que no tienen bienes de fortuna y pese a los gastos en el extranjero mientras duren los estudios, es preferible correr con el costo (12.000 bolívares mensuales) que representa el préstamo hipotecario más el condominio. “Incluso le di instrucción a la conserje del edificio para que diga que no hay apartamento en alquiler a quien solicite información al respecto”.

Apoyo familiar. Vanessa Rodríguez contó que ella y su esposo, que es ingeniero, pudieron comprar el apartamento, después de buscar ofertas en el mercado inmobiliario, gracias a la ayuda de la familia. De hecho, vivieron los dos primeros años de casados en el apartamento de sus padres en La Tahona. “Si alquilábamos, los salarios de ambos no alcanzaban para ahorrar y comprar nuestra propia casa”.

Recordó que los padres los apoyaron con parte del dinero necesario para la reserva del apartamento en un edificio que estaba en construcción. También los ayudaron con parte de la cuota inicial, equivalente a 40% del precio total de la vivienda.

“Resulta demasiado fuerte no poder regresar a vivir en tu apartamento, adquirido con tanto esfuerzo, porque el inquilino no se va, sea por necesidad o porque espera sacarte dinero o quedarse con la vivienda”, agregó.

Rodríguez sostuvo que por donde se mire la opción de alquilar es inconveniente, pues la renta que cobraría debe estar dentro de los parámetros de la ley de alquileres, la cual fija un monto basado en la regulación de los precios que no cubre el préstamo del banco y menos si se le suma el pago del condominio en el caso de que el arrendatario no lo asuma.

EL DATO

Vanessa Rodríguez dijo que si deciden quedarse a vivir en España venderán el apartamento. “Todos los amigos que decidieron emigrar al exterior resolvieron no alquilar ante la posibilidad de volver a sus hogares si la situación en Venezuela cambiaba, como no ocurrió vendieron”, precisó.

La arquitecta explicó que la razón por la cual considera la posibilidad de abandonar el país es la inseguridad personal, aunque la situación económica de los bajos salarios que percibe un profesional, combinado con la inflación, es motivo suficiente para tomar la decisión de migrar.

Cámara Inmobiliaria alertó sobre déficit

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, alertó que el déficit en la oferta nacional, especialmente en el área de viviendas, es cada vez más marcado. Destacó que para la fecha a la Misión Vivienda todavía le falta completar 85% de su objetivo anual. “No lo va a cumplir. ¿Cómo será la crisis que los mismos representantes del sector público admiten dificultades para obtener materia prima?”.

Martini agregó que los tres factores principales para el desarrollo inmobiliario –producción y distribución de materia prima, marco jurídico y sistema hipotecario– son controlados por el gobierno, y tienen problemas.

Considera que para encontrar soluciones se requiere la aplicación de medidas como respeto a la propiedad privada, rechazo categórica a las invasiones y sustitución de la ofensiva económica –entendida como aumento de los controles– por medidas que estimulen la producción.

Martini agregó que también es necesario modificar las leyes del sector. “Tenemos resoluciones de precios imposibles de cumplir, una ley de arrendamientos residenciales que no es viable para alquilar, y leyes para la promoción inmobiliaria que centralizan en el gobierno todos los trámites y retrasan cualquier solución”.

Recordó que en meses pasados se hizo un trabajo intenso con el gobierno para destrancar los arrendamientos comerciales y se logró una ley balanceada. “Hemos demostrado que sí se puede llegar a acuerdos”, expresó

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