"Se crea el Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador, el cual dependerá funcional, administrativa y presupuestariamente de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (SUNAVI), con el objeto de promover programas y proyectos orientados a coadyuvar los planes nacionales en materia de vivienda, de promover el arrendamiento responsable y garantizar condiciones y relaciones arrendaticias justas (...)", dice la resolución del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda publicada en Gaceta Oficial 40.580 del 14 de enero de 2015.
"El Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador, tendrá como fuente de ingresos, los aportes por concepto de las sanciones establecidas en los artículos 141, 142, 143, de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, así como los intereses generados, producto de los depósitos por cánones de arrendamientos y de los fondos provenientes de los procedimientos de consignación judicial de pagos, productos de la relación arrendaticia ante los tribunales de consignación de la República (...)", establece la resolución.
El Superintendente Nacional de Arrendamientos de Viviendas será el responsable de "ejecutar la administración, manejo y control de los recursos del Fondo de Protección al Inquilino ."Bajo ningún concepto, podrán ejecutarse obras, proyectos o realizarse desembolsos del Fondo sin la aprobación por escrito del Ministro de Poder Popular en materia de vivienda", añade la resolución.
Proyectos a financiar
Los recursos del fondo se usarán, inicialmente, para "la negociación con los propietarios de 100 edificios distribuidos en los municipios Libertador, Chacao, Sucre y Baruta, para la dotación de viviendas a los inquilinos que no posean vivienda propia y que vivan en calidad de arrendamiento por un período mínimo de 10 años en dichos inmuebles".
Otro proyecto a impulsar con los recursos es la materialización de las normas de la Providencia Administrativa 00042 del 27 de marzo de 2014 (Gaceta Oficial 40.382) referida a la obligación de propietarios de edificios dedicados 20 años o más al arrendamiento de ofertar esos inmuebles a los inquilinos.
Asimismo la resolución indica que el Fondo se usará para financiar proyectos de Misión Vivienda y la rehabilitación de refugios para arrendatarios que tengan sentencia definitivamente firme de desalojo por parte de tribunales de la República.
No hay comentarios:
Publicar un comentario