Venezuela: Alquiler de viviendas continúa con oferta mínima en el país

Desde 2012 no se actualiza el precio de alquileres por el Min Vivienda y Hábitat (Archivo)  Durante un Consejo de Ministros, el fallecido presidente Hugo Chávez firmó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de viviendas, el 2 de marzo de 2011. Luego de tres años y medio de vigencia, reducción de la oferta e infinidad de casos en tribunales, el balance del resultado de la Ley, según expertos, no ha sido positivo. Caracas.- Tras tres años de haber sido promulgada la Ley de Arredamiento por el difunto Hugo Chávez, estadísticas y expertos en la materia indican que la oferta del mercado de alquileres se ha reducido y ha dejado a los pocos que se deciden alquilar su vivienda o habitación al margen de la legalidad. Durante un Consejo de Ministros, el fallecido presidente Hugo Chávez firmó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, el 2 de marzo de 2011. Luego de tres años y medio de vigencia, disertaciones, reducción de la oferta e infinidad de casos en tribunales, el balance del resultado de la Ley, de acuerdo a expertos, no ha sido exactamente positivo. Esa es la opinión de Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), quien sostuvo que el objetivo que se pretendió, "que era estimular el mercado, no solo no se logró, sino que se eliminó la posibilidad de que los venezolanos tuvieran acceso a alquiler de la vivienda". A juicio de Martini, ya existía un descenso en la oferta se ubicaba entre 25-50%, previo a la promulgación de la ley, pero la jurisprudencia agravó la situación; hoy en día la mayor cantidad de la oferta de arrendamiento es ilegal y no se ajusta a los parámetros de la ley. Estadísticas... y sus ausencias El déficit habitacional en Venezuela asciende a 2.800.000 viviendas. Cuando Hugo Chávez tomó el poder había un déficit de 1.000.000, lo que quiere decir que la "escasez" de viviendas nuevas se ha agravado y, por tanto, la oferta del mercado inmobiliario, y en especial el de alquiler, también. En un mercado inmobiliario "maduro y estabilizado" el alquiler debería representar el 35% de la oferta inmobiliaria, pero entre algunos de los factores que han reducido esta oferta, además de ley, está el hecho de que el sector privado de construcción, el mayor proveedor de viviendas para el mercado de clase media – y que destina varias de esas viviendas al alquiler – tiene 18 trismestres continuos de caída en su Producto Interno Bruto, según datos del Banco Central de Venezuela. La ley estableció que cada año se iba a actualizar el valor del metro cuadrado, pero desde 2011 el ministro de Vivienda y Hábitat, (hoy en día ministro de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo), Ricardo Molina, no ha dado el valor y en 2014 no se ha actualizado. Las regulaciones de la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) se rigen bajo los valores correspondientes a 2012, sin ajustes por inflación o salario. Lo más destacable es la ausencia de estadísticas por parte de la Sunavi, que no ha presentado números y, ante los intentos de contactarlos por parte de este diario, no ha habido respuesta. La Sunavi y la desconfianza en el sector Roberto Orta Martínez, Director de la ONG Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), sentenció que le balance en arrendamiento ha sido "totalmente negativo. Nosotros advertimos las consecuencias que iba a tener la ley en 2011 y en 2010 luego de que empezara a aplicarse". Orta destacó que el problema "empezó" cuando se congelaron los alquileres en 2003 hasta 2011. La creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) despojó a las alcaldías del control de los alquileres centralizándolos y retrasando todos los procedimientos. "Hay 45 mil juicios en tribunales que quedaron prácticamente atrapados dentro de las exigencias de esta ley contra el desalojo arbitrario y trámites burocráticos en la Sunavi", explicó Orta. El representante indicó que se ha creado una "afectación masiva al derecho de propiedad privada a miles de personas. Muchos casos son personas que invirtieron y tienen inquilinos que no pagan y no pueden recuperar la vivienda", dijo. Estos casos son los que han generado desconfianza de la gente, en el sector y en la ley que regula el alquiler. Orta coincidió con la opinión de Martini y destacó que actualmente la oferta es "prácticamente inexistente". Una opinión diferente tiene Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, quien destacó que el mecanismo de la ley permite alquilar a "un precio justo" y ofrece protección tanto para el arrendado como el arrendador. Hernández destacó que todavía hay temor por parte del sector arrendador pero aclaró y reiteró que la jurisprudencia "protege a las dos partes". El Presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción considera que la ley es "bien acertada; pensó un poco más en la gente que arrienda", pero no descartó que podría "irse adecuando, como todo lo que ocurre en el país". Expectativas Para ambos representantes reformar la Ley de Arrendamiento es una prioridad para descentralizar la gestión y devolverla a las alcaldías. También pasa por una revisión de lo que se refiere a las estafas inmobiliarias y los desalojos arbitrarios. Fuente: MANUEL RUBÉN TRUJILLO | EL UNIVERSAL