INTERNACIONALES: ESPAÑA

Las inmobiliarias consideran «insuficientes» las medidas para fomentar los alquileres

El escaparate de una inmobiliaria. España ⁄  Antonio Vega, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la región, no ve con malos ojos las nuevas medidas del Gobierno para incentivar el alquiler de viviendas. Considera que le ofrecen «algo más de seguridad al arrendador» y que «eso siempre es bueno», aunque también sostiene que no introducen «cambios sustanciales» y que «no parecen suficientes» como para reactivar un mercado que, a pesar de haber crecido en detrimento de la caída de la compraventa, tampoco está como para tirar cohetes. En la última semana han entrado en vigor dos normativas que afectan directamente al alquiler -la obligatoriedad de contar con un certificado de eficiencia energética para poner la propiedad en el mercado y la reforma de la ley de arrendamiento-, «pero la situación no va a variar mucho a consecuencia de estos cambios», mantiene Vega. Uno de las modificaciones que introduce la reforma de la ley de arrendamiento, que entró en vigor ayer, es que el propietario podrá solicitar el procedimiento de desahucio con sólo un mes de impago del inquilino, que a su vez tendrá diez días para pagar la deuda o para presentar alegaciones. La novedad, según Vega, «sólo es la intención de acelerar los procesos, porque ahora ya se puede solicitar el desahucio si no te pagan». Para el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria «agilizar esos procedimientos sería algo ideal, pero viendo como están los juzgados no parece muy fácil de conseguir». Vega se conformaría con que la nueva normativa sirviese para acabar con «los profesionales del impago», que, según sostiene, «abundan en Asturias» y son aquellas personas «que no abonan ni un sólo alquiler y van pasando de casa en casa esperando a que los echen sin pagar un euro». Otro de los cambios que incluye la normativa es la creación de un registro del que pasarán a formar parte aquellos inquilinos condenados judicialmente por impago, una lista que podrán consultar los propietarios antes de firmar un contrato con aquellas personas que ya fueron denunciadas con antelación. «No está mal, pero más que para incentivar el mercado parece una medida para tener más controlados los alquileres, es decir para evitar economías sumergidas e impagos a Hacienda que se dan por parte de algunos propietarios», asegura José Manuel Martínez, responsable de la agencia inmobiliaria Martínez, que tampoco es muy optimista con las estrategias del Gobierno. «Algo ayudará, pero no va a ser la solución para impulsar los alquileres. Cualquier iniciativa que les de seguridad jurídica a las partes animará a que los propietarios saquen más viviendas al mercado, pero ahora hay problemas económicos serios y eso se nota mucho», afirma José Manuel Martínez. La nueva norma permite también que el arrendador recupere el inmueble de su propiedad para destinarlo a vivienda permanente siempre que haya transcurrido al menos el primer año de duración del contrato y lo comunique con dos meses de antelación. Además, los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento se flexibilizan. La prórroga obligatoria del compromiso de alquiler se reduce de cinco a tres años y también se recorta la prórroga posterior del contrato, que pasa de tres años a uno. Por otro lado, los arrendados también podrán romper su vínculo con el propietario una vez pasados seis meses siempre que avisen con al menos uno de antelación. «La verdad es que hay más igualdad entre el propietario y el inquilino cuando antes la balanza estaba más del lado del arrendatario», mantiene Germán Suárez, gerente de la inmobiliaria Degraín, al que los movimientos del Gobierno le parecen «un buen paso» de cara a potenciar el mercado del alquiler. Pilar Galán, responsable de la agencia Enclave, no es de la misma opinión. «La ley está prácticamente igual que estaba y no va a servir para arreglar nada en absoluto». Según Galán, «tanto las ventas como los alquileres están atravesando un mal momento y las nuevas normas, que no cambian prácticamente nada, no tienen nada que invite al optimismo». En cuanto al certificado de eficiencia energética -un documento ahora obligatorio para poder alquilar que evalúa el grado de ahorro energético que ofrecen las viviendas- las opiniones también coinciden. «No ha sido muy bien recibido por los propietarios. Ahora está complicado vender y alquilar y hay gente que no puede permitirse el pago del certificado», resume José Manuel Martínez. Para Germán Suárez se trata de «un flotador para un sector tocado, como el de los arquitectos, los ingenieros, los aparejadores (profesiones con potestad para emitir el informe)». Suárez afirma que «a los que lo tienen que pagar no les gusta», pero es de los que piensa que «una vivienda preparada puede permitir un gran ahorro a la larga». Fuente: ine.es