ENTORNO URBANO
Deben emprenderse políticas eficaces para regularizar la tenencia de la tierra
Fuente: R. ALEXIS DELGADO
| EL UNIVERSAL
¿Leyes Sociales?
Decir que el tema de la vivienda es de los más sensibles para los venezolanos no es novedad. Además de la inseguridad y el alto costo de la vida, es de los más importantes. Decir que no se han intentado medidas para normalizar la situación de la vivienda, no sería verdad. Decir que las medidas tomadas han sido las más acertadas es discutible.
La Gran Misión Vivienda Venezuela demostró algo que se ha dicho antes, el Estado solo no puede propiciar un programa sostenible de crecimiento en ningún área. Es necesario sumar esfuerzos con la comunidad organizada y el sector privado. Lamentablemente, medidas recientes limitan la participación del sector privado en cuanto al tema de la vivienda social. Entre las limitantes de la efectividad del sector: Leyes que restringen la posibilidad de amplia participación del sector privado en la industria de la construcción; materiales cada vez más difíciles de conseguir y a precios que distan mucho de los regulados; precios de vivienda regulados, inexistentes, para optar a créditos en el marco de la Política Habitacional, ya sea con los Fondos de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) o con Fondos Propios de los Bancos.
Entre los mecanismos para facilitar acceso a recursos para las personas que deseen mejorar su situación habitacional está el Instructivo para el Otorgamiento de Créditos para Autoconstrucción, Ampliación o Mejoras de Vivienda Principal (Gaceta Oficial Nº 39.727, del 03/08/2011), que ha sufrido modificaciones, la más reciente en abril del 2013; cambios favorables en cuanto a mayores montos y mejores condiciones para los créditos. No obstante, existe una restricción importante, que hace que muchos no califiquen: La propiedad del terreno o de la vivienda. Esto deja por fuera casi al 70% de la población que ha construido sobre terrenos municipales donde no se ha desarrollado un eficiente proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Esta situación frustra su intención de resolver los problemas de vivienda a través de créditos a los que pueden optar por ser ahorristas habitacionales, y los deja a merced de las políticas del Estado.
Estos mecanismos de financiamiento son ideales para que la gente resuelva sus problemas, el Estado debe facilitar el proceso. Deben emprenderse políticas eficaces para regularizar la tenencia de la tierra y así quienes han construido sus bienhechurías en terrenos municipales puedan tener un documento de propiedad que les permita acceder a créditos y lograr mejoras. Es necesario que las comisiones que diseñan estas leyes, instructivos, reglamentos, estén en sintonía con la realidad, e instruyan a otras instancias en cómo facilitar los procesos. De lo contrario, aunque suene contradictorio, se están creando leyes que favorecen a los de mayor poder adquisitivo y no a quienes realmente lo necesitan. Es urgente adaptar los instrumentos a esta realidad, de lo contrario seguirá aumentando el número de personas insatisfechas que no pueden resolver sus problemas por cuenta propia, ante un Estado imposibilitado para dar respuesta a millones de venezolanos.
Fundación Vivienda Popular
Decir que el tema de la vivienda es de los más sensibles para los venezolanos no es novedad. Además de la inseguridad y el alto costo de la vida, es de los más importantes. Decir que no se han intentado medidas para normalizar la situación de la vivienda, no sería verdad. Decir que las medidas tomadas han sido las más acertadas es discutible.
La Gran Misión Vivienda Venezuela demostró algo que se ha dicho antes, el Estado solo no puede propiciar un programa sostenible de crecimiento en ningún área. Es necesario sumar esfuerzos con la comunidad organizada y el sector privado. Lamentablemente, medidas recientes limitan la participación del sector privado en cuanto al tema de la vivienda social. Entre las limitantes de la efectividad del sector: Leyes que restringen la posibilidad de amplia participación del sector privado en la industria de la construcción; materiales cada vez más difíciles de conseguir y a precios que distan mucho de los regulados; precios de vivienda regulados, inexistentes, para optar a créditos en el marco de la Política Habitacional, ya sea con los Fondos de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) o con Fondos Propios de los Bancos.
Entre los mecanismos para facilitar acceso a recursos para las personas que deseen mejorar su situación habitacional está el Instructivo para el Otorgamiento de Créditos para Autoconstrucción, Ampliación o Mejoras de Vivienda Principal (Gaceta Oficial Nº 39.727, del 03/08/2011), que ha sufrido modificaciones, la más reciente en abril del 2013; cambios favorables en cuanto a mayores montos y mejores condiciones para los créditos. No obstante, existe una restricción importante, que hace que muchos no califiquen: La propiedad del terreno o de la vivienda. Esto deja por fuera casi al 70% de la población que ha construido sobre terrenos municipales donde no se ha desarrollado un eficiente proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Esta situación frustra su intención de resolver los problemas de vivienda a través de créditos a los que pueden optar por ser ahorristas habitacionales, y los deja a merced de las políticas del Estado.
Estos mecanismos de financiamiento son ideales para que la gente resuelva sus problemas, el Estado debe facilitar el proceso. Deben emprenderse políticas eficaces para regularizar la tenencia de la tierra y así quienes han construido sus bienhechurías en terrenos municipales puedan tener un documento de propiedad que les permita acceder a créditos y lograr mejoras. Es necesario que las comisiones que diseñan estas leyes, instructivos, reglamentos, estén en sintonía con la realidad, e instruyan a otras instancias en cómo facilitar los procesos. De lo contrario, aunque suene contradictorio, se están creando leyes que favorecen a los de mayor poder adquisitivo y no a quienes realmente lo necesitan. Es urgente adaptar los instrumentos a esta realidad, de lo contrario seguirá aumentando el número de personas insatisfechas que no pueden resolver sus problemas por cuenta propia, ante un Estado imposibilitado para dar respuesta a millones de venezolanos.
Fundación Vivienda Popular
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