VENEZUELA: ARRENDAMIENTO

Marco legal viola derechos de propietarios e inquilinos

María Mata Guillén ha recibido golpes y amenazas de muerte (O.Díaz) LegislaciónVenezuela ⁄ Entre 2012 y lo que va de 2013, trece personas, once de ellas en Caracas, se han encadenado a las puertas de sus viviendas o pernoctan en un colchón a las afueras del inmueble para lograr el desalojo de sus inquilinos. La medida desesperada ocurre después de haber agotado la vía legal: interminables trámites burocráticos, ser víctimas de la lentitud de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) y de los tribunales y sufrir desgaste físico, emocional y económico. En los registros de Sunavi actualmente hay once mil casos por litigios entre inquilinos y propietarios (casi la mitad en el Área Metropolitana de Caracas). Pero en los tribunales hay 40 mil casos más, precisa Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). A su juicio, con la Ley de Arrendamientos la justicia no está operando para ninguna de las partes. Muchos inquilinos están en estado de insolvencia porque no tienen donde pagar los alquileres. La razón: el tribunal de consignaciones tiene más de un año paralizado por inventario. "La Sunavi tiene una capacidad operativa limitada, ni siquiera está en todos los estados". Además ha crecido la conflictividad y la agresión marca en muchos casos la relación entre propietarios e inquilinos y el mercado de alquiler se extinguió. "Hay empresas inmobiliarias que alquilaban diez apartamentos a la semana. A partir de la nueva ley este número se ha reducido a cero. Urge hace una propueta de reforma de la ley", dice Orta. María Elena Navarro, la abogada que dirige la Red de Propietarios con Viviendas en Alquiler, hay días que recibe hasta diez llamadas de personas buscando asesoría para recuperar su inmueble. En total la red tiene registrados casi mil casos. A juicio de Navarro, el Estado está incumpliendo en dos aspectos básicos: no hay refugios para ubicar a los inquilinos a pesar de que la ley establece que estos solo desocuparán las viviendas cuando la Superintendencia o el Ministerio de Vivienda les haya conseguido un refugio temporal o definitivo. Y faltan defensores públicos, pues ni los propietarios ni los inquilinos, en su mayoría, tienen cómo costear un abogado. Fuente: El Universal.com