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El DF, paraíso de las inmobiliarias

El ciudadano, como siempre, el perjudicado. Foto: Eduardo Miranda México ⁄  La capital del país vive una efervescencia de construcciones. Gigantescas, la mayoría de ellas. La Ley de Desarrollo Urbano de 2010, herencia de Marcelo Ebrard, le abrió las puertas al desmedido mercado inmobiliario que no se detiene ante nada, ni siquiera ante los derechos de los ciudadanos. Quienes resultan afectados por los megaproyectos de las empresas inmobiliarias y quieren denunciar o quejarse son obligados a recorrer un laberinto burocrático que suele desembocar en ninguna parte. Susana Kanahuati y Josefina MacGregor tienen intensa actividad en la red social de Twitter. Aconsejan qué hacer cuando una constructora derriba árboles sin permiso, dicen cómo explorar la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para verificar el uso de suelo aplicable para un predio u orientan a ciudadanos con viviendas dañadas por edificaciones vecinas… Forman parte de un grupo multidisciplinario de 40 ciudadanos que a golpe de denuncias contra construcciones que alteran el entorno de sus colonias y su calidad de vida, adquirieron conocimientos de la normatividad urbana de la Ciudad de México. Son ciudadanos que analizan leyes, reglamentos, normas, decretos… todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbano de la capital. Quieren proponerle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presidida por Manuel Granados –quien fuera subalterno de Miguel Mancera en la Procuraduría General de Justicia– reformas que unifiquen criterios jurídicos. Buscan lo que diputados locales les han comentado que es “muy difícil”: Tener certeza jurídica. Integrantes también del Patronato San Ángel, en entrevista con Proceso, Kanahuati y MacGregor coinciden en que la gran actividad de las redes sociales en la Ciudad de México para denunciar anomalías es el resultado de la falta de respuesta de las autoridades delegacionales y del gobierno central, ante lo que, afirma la segunda, es “un mercado inmobiliario de locura, con una Ley de Desarrollo Urbano que dejó Marcelo Ebrard en 2010 y que abrió las puertas para que las empresas inmobiliarias operen como ellas quieren. Es una ley a favor del inmobiliario, no del ciudadano”. “La Seduvi dice: ‘Yo informo de cambios de uso de suelo y doy permisos de buena fe’. La delegación dice: ‘Yo doy manifestación pero no reviso la autenticidad de documentos’ y sólo actúa si hay una denuncia ciudadana. El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) actúa si le avisa la delegación y si tiene verificadores y la Procuraduría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) no tiene facultades para implementar una sanción, y si pides información de alguna construcción, te la niegan alegando que es por protección de datos personales.” Las redes sociales han dado algunos resultados satisfactorios, señalan las activistas. Recuerda Kanahuati: “Hubo una guerra de Twitter a finales del año pasado cuando nos enteramos de que la Asamblea tenía un paquete de más de 40 solicitudes que les envió la Seduvi para que les aprobaran el cambio de uso de suelo; al final evitamos que se aprobaran de un golpe”. Vecinas de una zona clasificada como patrimonial, aprendieron la ruta de la denuncia recorriéndola: Dan seguimiento a 45 denuncias sólo en las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, en la delegación Álvaro Obregón. En el camino encontraron datos que justifican la inquietud de los habitantes de la ciudad frente a grandes construcciones: “De 100% de las construcciones que hay en la ciudad, solamente 3% están haciendo estudios de impacto urbano”. Omar Karim de la Vega, presidente del Comité Condesa, otro recurrente usuario de las redes sociales y con amplia experiencia en litigar contra constructoras, se suma a la entrevista y pone un ejemplo concreto: “En julio de 2011 la constructora Baita, del secretario de Desarrollo Urbano, Simón Neumann, provocó un socavón en la calle de Zamora, donde construye un edificio de 15 niveles con 200 departamentos: Capital Condesa. “La PAOT ya había advertido del riesgo porque la excavación era muy profunda, además de que su estudio de impacto urbano y el dictamen de vialidad estaban vencidos y tiene inconsistencias en materia de obras, y la delegación (Cuauhtémoc) protege esto, sólo suspendieron para que rellenaran el socavón.” Triquiñuelas Otro tipo de irregularidad frecuente en la ciudad es la entrega de certificados de zonificación por parte de la Seduvi a empresas o particulares que presentan documentos “apócrifos” para apropiarse de terrenos, que luego transforman en grandes edificaciones. Explica MacGregor: “El empresario va a la Seduvi con testigos y todo, con boletas de predial, para pedir un certificado de zonificación alegando que durante el temblor su edificio de 10 pisos se cayó. La Seduvi entrega el certificado y con eso la inmobiliaria saca su manifestación de construcción; y mientras los vecinos van, alegan y demandan ante el Ministerio Público por falsificación de documentos, construyen el edificio y después la Asamblea lo regulariza. En Tizapán y en Las Águilas hay 27 averiguaciones previas por eso y no pasa nada”. De la Vega agrega otro ejemplo: “Juan de la Barrera 25 es un inmueble expropiado por el Instituto de la Vivienda en 2000 a favor de los vecinos que ahí vivían, porque era un predio de un gringo que murió intestado en los setenta. En el gobierno de Marcelo Ebrard, ¡oh, sorpresa!, aparece un fulano que impugna la expropiación y dice que él es el dueño del predio y gana el juicio, desaloja a los vecinos, que son de bajos recursos y no tienen capacidad de defenderse”. Ese predio, agrega, fue vendido al arquitecto Javier Sánchez Corral, que adquirió otros inmuebles en la misma manzana, de manera que “tiene un terreno de 6 mil metros cuadrados donde puede meter 600 viviendas, porque en la lista del programa delegacional le dan seis niveles”. Sánchez Corral, apunta De la Vega, “compró un terreno en Pachuca 2, que fue incluido indebidamente en la Gaceta Oficial en una lista de 62 predios de la delegación Cuauhtémoc a los que se les permite hacer prácticamente lo que quieran; pero resulta que en la lista que Ebrard le dio a aprobar a los diputados en 2008, es sólo de 62, es decir, no estaba Pachuca 2. “La obra se detuvo porque logramos demostrar el fraude, no sólo por la inclusión indebida en la Gaceta Oficial sino porque cuando demandamos en 2012 ante la PAOT, presentaron un documento firmado por Carlos Lazo y Cristina Margáin, quienes supuestamente habían vendido a Sánchez Corral; pero ambos están muertos, él en 1953 y ella años después. Presentamos las actas de defunción, pero la propiedad sigue siendo de Sánchez Corral.” La Ley de Desarrollo Urbano impulsada por Marcelo Ebrard en 2010 causó el incremento de 70% en las denuncias recibidas por la PAOT. Mientras en 2009 ese organismo concentró mil 471 quejas, un año después fueron 2 mil 501. De acuerdo con el Reporte de Gestión de la dependencia, en 2011 y 2012 la tendencia se mantuvo con 2 mil 373 y 2 mil 284 denuncias, respectivamente; en cuanto a este año, hasta el jueves 11 la PAOT tenía 967 investigaciones abiertas por denuncias ciudadanas y actuaciones de oficio por diversas irregularidades. Las tres principales causas en los expedientes abiertos en 2013 son: violaciones al uso de suelo (353 casos), ruido y vibraciones (204) y afectaciones a áreas verdes en zona urbana (139). Fuente: proceso.com.mx