En Altos Mirandinos 40% de los edificios solo contrata personal por días
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Disposiciones de la nueva ley del Trabajo han disparado los costos de los condominios NICOLA ROCCO
Cerca de
40% de las juntas de condominio de las zonas residenciales de los Altos
Mirandinos ha optado por prescindir de la figura de los trabajadores
residenciales, antiguamente llamados conserjes, y en su lugar contratan
personal de mantenimiento al que le pagan semanalmente y cumple un
horario específico.
Julio González, gerente en materia inmobiliaria, indicó que en al menos unos 150 conjuntos residenciales entre los municipios Los Salias, Guaicaipuro y Carrizal trabajan bajo ese esquema. La razón de esta medida es el nuevo marco legal que impera en el país que desampara a los propietarios y los obliga a cancelarle a los conserjes los aumentos salariales decretados por la Presidencia de la República y los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTT).
"Ahora con la nueva legislación, los trabajadores residenciales laboran de lunes a viernes y la jornada laboral se reduce hasta las 5:00 p.m. La cantidad de compromisos económicos que deben honrar las juntas de condominio abultan los costos y muchos propietarios no están en capacidad de cancelarlos. De ahí que en la mayoría de los conjuntos residenciales el índice de morosidad en las cuotas supera el 30%", indicó González. Advirtió que sí bien estos trabajadores merecen recibir un pago justo por la labor que desempeña, de estar acorde a la disponibilidad económica de los dueños de los inmuebles.
Marisol Uzcátegui, presidenta de la junta de condominio de residencias San Jorge, indicó que los propietarios no están en capacidad pagar tantos beneficios a un trabajador residencial, además de costear los servicios básicos de agua y luz que consume al ocupar el inmueble.
Desde hace un año tomamos la decisión de contratar a una señora que viene de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Limpia los pasillos, el ascensor y se encarga de la disposición de la basura. Le cancelamos por semana trabajada. Las instalaciones se mantienen pulcras y resulta más económico".
Por su parte José Antonio Romero, integrante de la junta de condominio del edificio Doña Emilia, expuso que tuvo que librar una larga querella legal para sacar a la conserje por incumplimiento de trabajo.
"Ella sufrió un accidente que le produjo una lesión en la pierna. Con esa excusa dejó de laborar durante 52 semanas y estaba amparada por la inspectoría del trabajo. Descubrimos que el incidente no lo tuvo durante la jornada laboral, por cuanto decidimos recurrir a la vía legal para probarlo y que desalojara el apartamento que ocupaba. Transcurrieron cuatro años y tres representantes legales pero la Inspectoría del Trabajo fallaba a su favor siempre. Hasta que finalmente un abogado decidió negociar y para que se fuera le dimos 19 mil bolívares. La pesadilla no terminó allí, pues al tiempo representantes del Ministerio del Trabajo citaron nuevamente a la junta de condominio para exigir que se le cancelaran 60 mil bolívares. Nuevamente, se negoció y ella aceptó que le diéramos 30 mil".
La experiencia vivida según Romero provocó que la directiva de la junta de condominio se negara a contratar a un personal fijo para el mantenimiento del edificio. Esto también ha provocado el rompimiento del vínculo de familiaridad
Julio González, gerente en materia inmobiliaria, indicó que en al menos unos 150 conjuntos residenciales entre los municipios Los Salias, Guaicaipuro y Carrizal trabajan bajo ese esquema. La razón de esta medida es el nuevo marco legal que impera en el país que desampara a los propietarios y los obliga a cancelarle a los conserjes los aumentos salariales decretados por la Presidencia de la República y los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTT).
"Ahora con la nueva legislación, los trabajadores residenciales laboran de lunes a viernes y la jornada laboral se reduce hasta las 5:00 p.m. La cantidad de compromisos económicos que deben honrar las juntas de condominio abultan los costos y muchos propietarios no están en capacidad de cancelarlos. De ahí que en la mayoría de los conjuntos residenciales el índice de morosidad en las cuotas supera el 30%", indicó González. Advirtió que sí bien estos trabajadores merecen recibir un pago justo por la labor que desempeña, de estar acorde a la disponibilidad económica de los dueños de los inmuebles.
Marisol Uzcátegui, presidenta de la junta de condominio de residencias San Jorge, indicó que los propietarios no están en capacidad pagar tantos beneficios a un trabajador residencial, además de costear los servicios básicos de agua y luz que consume al ocupar el inmueble.
Desde hace un año tomamos la decisión de contratar a una señora que viene de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Limpia los pasillos, el ascensor y se encarga de la disposición de la basura. Le cancelamos por semana trabajada. Las instalaciones se mantienen pulcras y resulta más económico".
Por su parte José Antonio Romero, integrante de la junta de condominio del edificio Doña Emilia, expuso que tuvo que librar una larga querella legal para sacar a la conserje por incumplimiento de trabajo.
"Ella sufrió un accidente que le produjo una lesión en la pierna. Con esa excusa dejó de laborar durante 52 semanas y estaba amparada por la inspectoría del trabajo. Descubrimos que el incidente no lo tuvo durante la jornada laboral, por cuanto decidimos recurrir a la vía legal para probarlo y que desalojara el apartamento que ocupaba. Transcurrieron cuatro años y tres representantes legales pero la Inspectoría del Trabajo fallaba a su favor siempre. Hasta que finalmente un abogado decidió negociar y para que se fuera le dimos 19 mil bolívares. La pesadilla no terminó allí, pues al tiempo representantes del Ministerio del Trabajo citaron nuevamente a la junta de condominio para exigir que se le cancelaran 60 mil bolívares. Nuevamente, se negoció y ella aceptó que le diéramos 30 mil".
La experiencia vivida según Romero provocó que la directiva de la junta de condominio se negara a contratar a un personal fijo para el mantenimiento del edificio. Esto también ha provocado el rompimiento del vínculo de familiaridad
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