Mercado de alquileres se contrajo 90% en el primer semestre
Conjunto residencial / Dexcy Guédez
Las leyes que rigen el sector han provocado una depreciación de 72% de las propiedades
El ordenamiento legal aprobado en 2011 ha llevado a una
contracción del mercado de alquileres de viviendas de 90% en el primer
semestre de 2013, de acuerdo con varias fuentes vinculadas al sector.
La
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y la
Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas,
sancionadas en mayo y noviembre de 2011, respectivamente, han hecho que
ese mercado sea prácticamente inexistente, coincidieron Roberto Orta,
presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, y Juan
Celis, director del Grupo Convalor, quienes afirmaron que se contrajo
90% en los primeros 6 meses, 20 puntos más que en 2012.
Teresa
Borges, abogado inmobiliaria, aseguró que el ordenamiento jurídico ha
perjudicado a inquilinos y propietarios y acabó con el mercado de
arrendamiento. Se agotaron las opciones para alquiler y al inquilino se
le cerraron las posibilidades de negociar la adquisición del inmueble.
“Se están alquilando sólo habitaciones en viviendas multifamiliares”,
dijo.
Otra fuente, relacionada con el sector y que prefirió el
anonimato, indicó que estos desequilibrios han incentivado el mercado
negro de alquileres. “El mercado siempre se ajusta”, indicó, y añadió
que el problema de la vivienda va más allá del arrendamiento.
“El
venezolano perdió la posibilidad de adquirir un inmueble a través del
arrendamiento”, aseveró Aquiles Martini, presidente de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela, al recordar que la Superintendencia Nacional
de Viviendas aplica una fórmula para calcular el valor de la vivienda y
del alquiler que no considera todos los factores del mercado.
El
método fijado en la ley de arrendamiento para el cálculo del canon ha
hecho que las propiedades en alquiler pierdan hasta 72% de su valor,
dijo Orta. El alquiler es 3% del valor del inmueble, lo que no alcanza
para cubrir los gastos para su mantenimiento. De acuerdo con el BCV, la
inflación acumulada en la categoría alquiler de viviendas es de 6,5% en
el primer semestre.
No hay opciones. La Ley Contra el
Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas y un oficio de la
Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de enero de 2011, que
prohíbe los desalojos, paralizaron de momento los juicios
inquilinarios. Una vez retomados y luego de haberse fallado a favor del
propietario –que son pocos los casos–, la decisión no ha podido
ejecutarse ante la escasez de viviendas.
La ley señala que el
inquilino puede dejar el inmueble que alquila si tiene garantizado otro.
El Gobierno es el que provee un refugio temporal o solución definitiva a
la persona afectada por el desalojo y su grupo familiar, si llegara a
manifestar no tener un lugar donde vivir.
La situación ha
complicado el problema para quienes viven bajo la figura de
arrendamiento, porque la oferta privada y pública es muy escasa,
concuerdan algunos de los consultados.
En el caso del Gobierno,
Aquiles Martini señaló que no hay suficientes apartamentos para comprar o
alquilar. “La Misión Vivienda Venezuela ha registrado una
desaceleración en la producción de unidades en más de 50% en el primer
semestre”, período en el que se han entregado poco más de 50.000 y la
meta de todo el año es de 380.000, añadió.
El ordenamiento
jurídico, que también incluye la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria,
truncó los proyectos de inversión en el sector privado que sólo
construye desarrollos que ya estaban en marcha al momento de entrar en
vigencia las leyes en los últimos tres años.
La creación de la
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda hizo más
engorroso los procedimientos, dijo Orta. Los casos que están en
tribunales deben forzosamente ir a un proceso de conciliación ante la
Sunavi, luego vuelven al juzgado y el Gobierno es el que se encarga de
asignar una vivienda o refugio al inquilino que será desalojado.
“Ningún
provecho han obtenido los propietarios tras agotar la vía
administrativa y sus procedimientos legales. No han recuperado su
inmueble, ni obtenido el canon de arrendamiento, señaló María Elena
Navarro, presidente de la Red de Propietarios.
Desequilibrio
Katy
Maioli, propietaria de una quinta en Alto Prado, optó por vivir como
damnificada en el comedor del que ha sido su vivienda desde hace 47
años, con el fin de recuperarlo. Para pagar los gastos y deudas que
generó la enfermedad de su padre, decidió alquilarlo hace 11 años y
desde hace 8, fecha de vencimiento del contrato, se enfrenta legalmente
con los inquilinos para recobrarla.
Desde hace cuatro meses
habita en uno de los salones de la planta baja de su vivienda junto con
sus dos sobrinas. Sólo ha salido seis veces, para acudir a los
tribunales y a la Sunavi, por temor a que no pueda volver a entrar.
Vivió alquilada en El Junquito por varios años esperando recuperar su
casa, pero no ha podido.
Los inquilinos no le pagan el
arrendamiento desde hace dos años y ella vive de la caridad de los
vecinos que le dan desayuno, almuerzo y cena.
El tribunal dictó
sentencia a su favor e inadmisible la acción de amparo que solicitó el
inquilino, pero aun así no ha podido retomar la vivienda por falta de
refugio donde alojar a las personas que están alquiladas.
“Paradójicamente,
el inquilino pidió al Estado que lo proteja ante un desalojo. La ley no
ampara a ambas partes por igual, no hay equilibrio”, expresó Maioli.
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